Saqueo en la UPAV: exrector y exfuncionarios van a prisión por desvío de 557 millones
Xalapa, Ver.— La justicia alcanzó a la cúpula administrativa de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). Tres exfuncionarios fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en un desvío millonario de recursos públicos que habría causado un grave daño al patrimonio de esta institución educativa.
La Fiscalía General del Estado informó que un juez dictó prisión preventiva contra Sergio “N”, exrector de la UPAV; Víctor de Jesús “N”, exdirector administrativo; y Frida Narayana “N”, exdirectora de Educación Superior y exjefa del Departamento de Servicios Financieros, quienes enfrentarán el proceso penal privados de la libertad.
La resolución se emitió dentro del proceso penal 17/2026, luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción acreditó elementos suficientes para vincularlos por los delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público.
De acuerdo con la investigación, los exfuncionarios habrían participado en un manejo irregular de recursos durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025, periodo en el que se detectó un presunto desvío de 557 millones de pesos, una cifra que refleja no solo corrupción institucional, sino una grave traición a la educación pública.
El monto observado deriva de diversas irregularidades administrativas y financieras cometidas al interior de la UPAV, una universidad que debería garantizar oportunidades educativas y no convertirse en botín de funcionarios sin rendición de cuentas.
La Fiscalía confirmó que la investigación permanece abierta y que existen más órdenes de aprehensión en curso contra otros posibles responsables, por lo que el caso podría ampliarse conforme avancen las diligencias judiciales.
Este proceso representa un paso necesario contra la impunidad, pero también deja al descubierto una realidad alarmante: durante años, recursos destinados a la educación habrían sido saqueados sin consecuencias inmediatas. Hoy, la exigencia social es clara: castigos ejemplares y la recuperación del daño causado.
