Xalapa, Ver., 16 de enero de 2026. — La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) enfrenta una tormenta interna que amenaza con escalar a conflicto social. Cerca de 200 empleados administrativos denunciaron haber sido apartados de sus funciones mediante lo que califican como un “despido masivo disfrazado”, ejecutado sin procesos legales claros y en medio de una cadena de decisiones que hoy mantienen a la institución prácticamente paralizada.
De acuerdo con los trabajadores, la crisis se detonó tras una convocatoria a reunión en la que, supuestamente, se informaría sobre el rumbo de la universidad. En lugar de ello, fueron notificados de la emisión del oficio UPAV/RECTORÍA/0016/2026, fechado el 15 de enero, mediante el cual se declararon “días inhábiles” a partir del 16 de enero, suspendiendo actividades y atención al público hasta nuevo aviso, salvo asuntos considerados urgentes.
Para los empleados, la medida no fue administrativa, sino estratégica: al cerrar formalmente la operación de la universidad, se les impidió el acceso a sus centros de trabajo sin que mediara un despido formal, una liquidación ni una explicación jurídica de fondo.
La tensión se trasladó a la sede administrativa de la avenida 20 de Noviembre, frente a la Quinta de las Rosas. Ahí, testigos relataron que se aplicaron acciones de presión para obligar al personal a desalojar el edificio. Según los reportes, se ordenó apagar las luces y bajar las cortinas metálicas mientras aún permanecían trabajadores en el interior, dejándolos en la penumbra como mecanismo de desgaste.
El malestar creció cuando se exigió al personal iniciar un proceso de entrega-recepción de áreas. Para muchos, esta solicitud fue la señal inequívoca de que la separación ya estaba decidida. La mayoría se negó a firmar documentos que, afirman, podrían usarse en su contra para formalizar su salida. Optaron únicamente por entregar informes de actividades, buscando protegerse legalmente.
El golpe no es solo laboral, sino económico. Los empleados denunciaron que, además de quedar fuera de sus funciones, no han recibido el pago de la quincena en curso, lo que agrava la situación de cientos de familias que dependen directamente de esos ingresos. Entre los afectados hay trabajadores con contratos de largo plazo y antigüedades que se remontan a 2005.
Ante el escenario, los administrativos pidieron la intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle García, recordando que recientemente la UPAV fue sectorizada a la Secretaría de Educación de Veracruz. Consideran que esta nueva relación institucional obliga al gobierno estatal a revisar si la rectoría está utilizando sus facultades de manera discrecional para ejecutar recortes sin sustento legal.
La base trabajadora advierte que el conflicto apenas comienza. De no recibir respuesta, analizan trasladar su protesta a la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente a Palacio de Gobierno, para visibilizar lo que describen como una crisis interna que pone en riesgo la estabilidad laboral y el funcionamiento mismo de la universidad.
Mientras tanto, la UPAV permanece atrapada en una atmósfera de incertidumbre: oficinas cerradas, personal inconforme y una comunidad que observa cómo, detrás del discurso administrativo, se libra una batalla por los derechos laborales dentro de una institución pública llamada a servir, no a confrontar, a la sociedad veracruzana.
Redacción Reportaje Veracruzano
