BALAS DEL ESTADO CONTRA TRABAJADORES: POLICÍAS DISPARAN SIN ORDEN, SIN AVISO Y DEJAN A UN JOVEN LISIADO EN COATZACOALCOS
Cuando la autoridad actúa como sicario y el uniforme sustituye a la ley
Coatzacoalcos, Ver.— En el sur de Veracruz, portar un uniforme oficial ya no garantiza protección: puede significar amenaza, terror y balas. Elementos de la Policía Estatal, presuntamente adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dispararon contra trabajadores de una empresa contratada legalmente para el mantenimiento carretero, dejando gravemente herido a uno de ellos, sin orden judicial, sin explicación y sin asumir responsabilidad.
Francisco Javier, de 30 años, chofer de la empresa Wiches Construcciones, hoy está postrado en una cama, con la pierna izquierda destrozada, placas y tornillos sosteniendo lo que quedó de su tibia y peroné. Su delito: terminar su jornada laboral.
La empresa para la que labora cuenta con un contrato vigente para el mantenimiento del tramo 38+000 al 45 de la carretera Costera del Golfo, mediante una APP que trabaja directamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No es una compañía fantasma, no es clandestina, no es ilegal. Aun así, fue tratada como blanco enemigo.
Un ataque sin rostro legal
El lunes 26 de enero, al concluir labores, Francisco y sus compañeros acudieron a la bodega de la empresa —ubicada en el kilómetro 17 de la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, en el municipio de Moloacán— para resguardar material recolectado tras el descarrilamiento de un tren. Minutos después de las 18:00 horas, una patrulla de la SSP irrumpió de manera violenta.
No hubo preguntas.
No hubo identificación.
No hubo orden de cateo.
Solo armas.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, entre tres y cuatro policías descendieron del vehículo oficial y comenzaron a disparar de inmediato. Primero al aire. Luego, directamente a los cuerpos.
El resultado: trabajadores corriendo entre el monte, huyendo de quienes se supone deben protegerlos. Francisco no tuvo suerte. Una bala lo alcanzó en la pierna izquierda.
Disparan, hieren y huyen
Mientras Francisco se desangraba y pedía auxilio, sus compañeros llamaron al 911. La Guardia Nacional llegó minutos después. Los policías estatales ya se habían ido. Ningún aseguramiento. Ninguna detención. Ninguna explicación oficial.
En el hospital, el diagnóstico fue devastador: fractura severa de tibia y peroné, daño muscular y tendinoso. Reconstrucción quirúrgica interna. Un año, al menos, sin poder trabajar.
¿Confusión o brutalidad institucional?
Representantes de la empresa confirmaron que ya interpusieron la denuncia correspondiente. La hipótesis que flota —y que resulta aún más grave— es que los policías habrían confundido a los trabajadores con presuntos huachicoleros. Si esto es cierto, la pregunta es brutal:
¿Desde cuándo la “confusión” autoriza a disparar sin preguntar?
Francisco hoy no solo enfrenta el dolor físico, sino el abandono institucional. Los gastos médicos, enfermeros, medicamentos y cuidados recaen completamente sobre él y su familia. Nadie de la SSP ha respondido. Nadie ha dado la cara.
Señalamientos directos
Los presuntos responsables pertenecerían a la Policía Estatal con base en la delegación de Las Choapas, cuyo delegado es conocido con el seudónimo de “Piña”. La víctima exige que se investigue su actuación y la de los elementos bajo su mando.
“No es justo que quienes deben cuidarnos nos ataquen”, reclama Francisco, mientras observa una pierna que tardará meses en volver a sostenerlo —si es que lo logra—.
La pregunta incómoda
¿Quién va a pagar por esta vida truncada?
¿Quién ordenó disparar?
¿Quién encubre el abuso?
En Veracruz, una vez más, la línea entre autoridad y agresor se diluye peligrosamente. Y mientras no haya responsables detenidos, investigados y sancionados, el mensaje es claro y aterrador: trabajar honestamente puede costarte una bala… disparada por el propio Estado.
Redacción Reportaje Veracruzano
