Diputada sin prepa, escándalo en el Carnaval y señalamientos de “aviadora”: el caso Victoria Gutiérrez sacude a Morena en Veracruz
Veracruz, Ver. — En medio del brillo, la música y la derrama económica del Carnaval, un episodio incómodo irrumpió en la fiesta: la diputada federal de Morena, Victoria Gutiérrez Pérez, protagonizó un altercado luego de que personal de seguridad le impidiera el acceso con un grupo de aproximadamente 15 invitados bajo la tarifa oficial destinada a acreditados.
El incidente no habría pasado de un desacuerdo logístico si no fuera por el contexto que lo rodea: cuestionamientos sobre su trayectoria académica, señalamientos por presunto cobro sin funciones en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y una relación política tensa con la alcaldesa porteña, Rosa María Hernández Espejo.
El episodio en el Carnaval: ¿privilegio o abuso de poder?
De acuerdo con versiones de asistentes y personal organizador, la legisladora llegó al área de acceso con un grupo numeroso de acompañantes. La logística del evento —que contempla acreditaciones específicas y controles por seguridad— habría limitado el ingreso bajo condiciones preferenciales.
Ante la negativa, la diputada habría elevado el tono y dirigido críticas contra la presidenta municipal, con quien compartió bancada en el pasado. La escena, en un evento financiado con recursos públicos y altamente vigilado, reavivó la discusión sobre el uso de influencias y la cultura del “pase automático” en la clase política.
La pregunta es inevitable: ¿la investidura otorga privilegios personales o exige mayor ejemplo público?
Trayectoria bajo la lupa: estudios y desempeño público
En redes sociales y foros ciudadanos circula el señalamiento de que la legisladora no cuenta con estudios de nivel medio superior concluidos. Hasta el momento, no se ha difundido públicamente documentación oficial que acredite o desmienta esa versión.
Legalmente, para ser diputada federal no se exige un grado académico mínimo; basta cumplir con los requisitos constitucionales de edad y ciudadanía. Sin embargo, la discusión no es jurídica sino política y ética: ¿qué preparación y capacidades debe ofrecer quien legisla sobre presupuesto, seguridad, educación o ciencia?
La polémica creció luego de que en intervenciones públicas la diputada realizara declaraciones consideradas imprecisas o extravagantes —entre ellas una referencia a que “los veracruzanos tienen una nave para llegar a Marte”, frase que fue ampliamente replicada en redes como ejemplo de desconexión técnica y discursiva.
El señalamiento en el IVAI: ¿aviadora?
Otro de los cuestionamientos apunta a su paso por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Versiones difundidas en espacios digitales sostienen que habría percibido alrededor de 23 mil pesos mensuales sin desempeñar funciones sustantivas, práctica coloquialmente conocida como “aviador”.
Hasta ahora no existe una resolución pública que confirme irregularidades administrativas en su caso específico. No obstante, el señalamiento impacta directamente en la credibilidad de una legisladora cuyo partido ha hecho de la austeridad y el combate a la corrupción su bandera central.
Choque con la alcaldesa: fuego cruzado entre morenistas
El conflicto escaló al plano político cuando la diputada dirigió críticas contra la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, también emanada de Morena. Lo que comenzó como un control de acceso terminó como un episodio de fricción interna en un partido que gobierna a nivel federal, estatal y municipal.
Para la ciudadanía, la disputa deja una imagen incómoda: mientras Veracruz enfrenta desafíos estructurales en seguridad, empleo y servicios públicos, sus representantes protagonizan controversias en eventos festivos.
Más allá del escándalo: el fondo del problema
El caso no es solo un altercado en el Carnaval. Es un espejo de prácticas arraigadas:
La normalización del privilegio político.
La opacidad en trayectorias académicas y laborales.
La fragilidad del discurso anticorrupción cuando se confronta con conductas cuestionables.
La desconexión entre representación popular y ejemplo público.
En democracia, la ley marca el mínimo; la ética debería marcar el estándar.
Si la diputada considera que las versiones sobre su formación académica o desempeño previo son falsas, tiene el derecho —y la responsabilidad— de transparentar documentación que despeje dudas. Si no lo hace, la narrativa pública seguirá construyéndose desde la sospecha.
Porque en política no basta con tener el cargo: hay que sostener la autoridad moral.
Redacción Reportaje Veracruzano
