El festín de la corrupción: Cuitláhuac García hereda boquete de 700 mdp en Salud y Seguridad
Entre empresas fantasma, «aviadores» corporativos y simulaciones fotográficas, el gobierno saliente deja una estela de saqueo en las áreas más sensibles de Veracruz.
La administración de Cuitláhuac García Jiménez no se va por la puerta grande, sino por el túnel de la opacidad. La tercera entrega de la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha destapado una cloaca financiera donde las secretarías de Salud y Seguridad Pública se sirvieron con la cuchara grande, acumulando más de 700 millones de pesos en irregularidades que huelen a un saqueo sistemático en el año del adiós.
En el sector salud, el cinismo alcanzó niveles alarmantes. Los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) intentaron engañar a la auditoría federal presentando fotografías repetidas para «comprobar» supervisiones que nunca existieron y servicios de alimentación que jamás llegaron a los enfermos. El caso de la empresa Café Bersa, beneficiada con 144.6 millones de pesos, es apenas la punta del iceberg de una red de contratos donde la prioridad no fue la salud de los veracruzanos, sino el desvío de recursos mediante servicios subrogados que solo existen en el papel.
La corrupción también se infiltró en las licitaciones bajo el amparo del influyentismo. La ASF exhibió un descarado conflicto de interés en contratos de hemodinamia, donde una funcionaria estatal operó para beneficiar a su propia empresa con contratos millonarios. Esta colusión, sumada a la participación de empresas vinculadas entre sí en procesos de limpieza, demuestra que en SESVER la asignación de contratos fue un negocio de amigos, operado bajo la sombra de la ilegalidad.
Mientras tanto, en la Secretaría de Seguridad Pública, el dinero destinado a la alimentación en penales y a la protección ciudadana se esfumó sin dejar rastro documental serio. Resulta insultante que una dependencia encargada del orden intente justificar un pliego de observaciones por 53 millones de pesos utilizando capturas de pantalla de redes sociales en lugar de facturas legales. Este desaseo administrativo no es incompetencia; es la evidencia de una estructura diseñada para evadir la rendición de cuentas mientras la inseguridad azota el estado.
Ni el DIF Estatal se salvó de la rapiña, con 13 millones de pesos «extraviados» en despensas que nunca se acreditaron. El gobierno de la supuesta «honestidad» cierra su ciclo con un historial de presunto daño patrimonial que supera los mil 800 millones de pesos, dejando claro que el discurso de austeridad fue solo el maquillaje para ocultar una gestión marcada por el desfalco y el beneficio indebido de unos cuantos a costa de la miseria de Veracruz.
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