El legado de la opacidad: Cuitláhuac García y sus 5 funcionarios bajo la lupa de la ASF
La administración de Cuitláhuac García Jiménez cierra con una sombra de dudas tras el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que revela un faltante de 4 mil 460 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024. Aunque el exmandatario basó su discurso en la honestidad, la realidad financiera muestra un desgobierno donde la falta de supervisión permitió que sus colaboradores más cercanos operaran bajo esquemas de opacidad que hoy tienen a Veracruz en la mira nacional.
✨ Jorge Sisniega Fernández (SESVER): Es el rostro más visible del desaseo, con mil 78 millones de pesos sin comprobar. Su gestión en Salud se caracterizó por la «licuadora» financiera de 160 cuentas y contratos masivos a empresas como Biodist y LEIH que no acreditaron la entrega de insumos ni servicios de limpieza.
✨ Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla (SSP): Encabeza irregularidades por 697 millones de pesos. Bajo su mando se pagaron alimentos de «alto costo» para cárceles sin evidencia de entrega y se perdió el rastro de equipo táctico, incluyendo chalecos y cascos balísticos que simplemente no aparecen en los inventarios.
✨ Rebeca Quintanar Barceló (DIF): Registra observaciones por 33 millones de pesos por un manejo de padrones que raya en lo absurdo, donde se detectaron casi mil 500 personas fallecidas cobrando apoyos y miles de beneficiarios con identidades inexistentes ante el RENAPO.
✨ Ricardo García Jiménez (Espacios Educativos): Señalado por 31 millones de pesos en obras escolares que nunca se ejecutaron o que se entregaron con deficiencias técnicas graves, dejando a los estudiantes con infraestructura de mala calidad a pesar de que el recurso fue pagado.
✨ José Luis Lima Franco (SEFIPLAN): Aunque su monto directo es menor, la ASF detectó pagos indebidos a trabajadores que ya estaban dados de baja o con licencia, demostrando que el control de la nómina estatal fue vulnerado bajo su vigilancia.
Este escenario deja a García Jiménez como el responsable final de un gabinete que, lejos de la transparencia prometida, heredó un expediente de observaciones que podría escalar a denuncias penales por daño patrimonial si no se justifica el destino de cada peso veracruzano.
