Xalapa, Ver.— La Secretaría de Gobierno encendió las alarmas en el sistema notarial de Veracruz. A partir del lunes 9 de febrero arrancará una revisión exhaustiva, notaría por notaría, en toda la entidad, como respuesta directa al escándalo del llamado “cártel inmobiliario” que operaría desde Xalapa y que ha puesto en evidencia una presunta red de fraudes, desalojos irregulares y despojos patrimoniales.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que la instrucción es clara: no habrá intocables. La revisión se realizará en coordinación con el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, con especial atención en órdenes de desalojo autorizadas por jueces, las cuales ahora deberán pasar por un filtro previo para descartar anomalías.
“Se trata de un contubernio de defraudadores que aprovechan vacíos legales y contextos de vulnerabilidad. Aquí no vamos a permitir fraudes inmobiliarios”, sentenció Ahued, al advertir que abogados externos, algunos incluso de otros estados, han sido detectados participando en estos esquemas.
La lupa también está puesta en el Registro Público de la Propiedad, donde por años ha operado una práctica normalizada: más de 180 trabajadores “meritorios” que reciben pagos de particulares para agilizar trámites. Aunque se reconoce que esta dinámica ocurre desde hace décadas, el propio Gobierno admite que se trata de una deficiencia estructural que ahora será evaluada para que ese personal pase a control oficial.
El dato no es menor: el Registro Público de la Propiedad genera más de 300 millones de pesos anuales, una cifra que contrasta con los rezagos administrativos y la opacidad que hoy están bajo escrutinio.
Ahued fue tajante: si se comprueba la participación de notarías en el despojo de propiedades, se retirarán las patentes. Aunque evitó generalizar, reconoció la existencia de una red que involucra a abogados, personal interno y posibles omisiones judiciales, aprovechándose principalmente de personas adultas mayores y propietarios en situación de indefensión.
El funcionario reveló que ya existen denuncias formales, incluso contra personal gubernamental, y citó un caso grave en el municipio de Perote, donde se intenta despojar ilegalmente a una persona de 500 hectáreas. “Aquí no se tolera nada. Antes se escondía todo; hoy, con esta administración, no se oculta ni se solapa”, afirmó.
Sobre señalamientos directos a funcionarios de la propia Segob, como el director de Política Regional, Adolfo Toss, Ahued negó categóricamente cualquier implicación y advirtió sobre el daño que provocan acusaciones sin sustento, aunque dejó claro que nadie será defendido si existen pruebas.
La revisión comenzará en Xalapa, pero ya existe una calendarización estatal a cargo del director del Registro Público de la Propiedad y del Archivo General de Notarías, Jesús Alberto Islas Aguilera.
El mensaje político y administrativo es contundente: la “olla de presión” reventó y el Gobierno de Veracruz apuesta por exhibir y desmantelar una red que, durante años, habría operado a la sombra del poder y la burocracia, poniendo en jaque el patrimonio de ciudadanos comunes. Ahora, el reto será que esta sacudida no se quede en discurso y llegue hasta las últimas consecuencias.
Redacción Reportaje Veracruzano
