Xalapa, Veracruz.— Tras el amague de paro por parte de un sector de transportistas en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río–Medellín, la gobernadora Rocío Nahle García dejó un mensaje claro y sin ambigüedades: el Estado no cederá a presiones y garantizará el servicio de transporte público, incluso si ello implica operar directamente con unidades estatales.
La mandataria confirmó que durante febrero entrarán en operación 142 autobuses Ulúa, y advirtió que, de ser necesario, también se trasladarán a la zona conurbada los camiones Quetzalli’s, actualmente asignados a Coatzacoalcos. Todo ello, subrayó, sin autorizar incremento alguno en las tarifas, y con sanciones inmediatas para quienes pretendan aumentarlas de manera unilateral.
“Si los concesionarios no quieren dar el servicio, el Estado sí puede hacerlo. La concesión se otorga, pero también se puede retirar”, sentenció Nahle, al relatar que durante el paro la relación con algunos transportistas se tensó al grado de que hubo quienes ofrecieron devolver sus concesiones. La respuesta fue directa: aceptarlas y asumir la operación del servicio.
La gobernadora destacó que la zona Veracruz–Boca del Río–Alvarado–Medellín es la conurbación más grande del estado, con más de 2.5 millones de personas que diariamente dependen del transporte público. “No podemos detener la movilidad de una región completa por presiones o intereses particulares”, enfatizó.
Como muestra de la estrategia, informó que este domingo cerca de 30 autobuses Ulúa ya salieron a prestar servicio en Veracruz y Boca del Río, y que el despliegue continuará conforme se cuente con operadores capacitados. En ese sentido, lanzó una convocatoria abierta a hombres y mujeres para integrarse como choferes, ofreciendo un salario mensual de hasta 30 mil pesos, compuesto por sueldo base y bono de productividad.
Nahle García explicó que la inversión en las unidades Ulúa se recuperará incluso más rápido, al eliminar la intermediación con concesionarios, pues el retorno será directo para el Estado. Recordó que los recursos invertidos provienen de los impuestos de las y los veracruzanos y deben recuperarse de manera responsable.
La mandataria también reveló que, aunque se acordó que por cada autobús Ulúa que entrara en operación debía salir de circulación una unidad vieja, ese compromiso no se ha cumplido plenamente por parte de los concesionarios, situación que sigue en revisión. Aclaró que no se trata de una imposición, pero sí de avanzar hacia un transporte moderno, seguro y digno.
Respecto a las tarifas, reiteró que no está autorizado ningún aumento en el estado, salvo los casos previamente analizados, como en Xalapa, donde se realizó una corrida financiera considerando distancias, inflación y el incremento al salario mínimo. En el resto de Veracruz, advirtió, cualquier cobro indebido derivará en la detención de las unidades.
Finalmente, Nahle sostuvo que su administración apuesta por una movilidad moderna como eje del desarrollo económico y turístico. “Avanzar en el transporte no es un capricho: es una necesidad para la gente que todos los días sale a trabajar y a mover a Veracruz”, concluyó.
Redacción Reportaje Veracruzano
