ONCE QUINCENAS DE SILENCIO: LA CEAPP PROTEGE EL DISCURSO, PERO DEUDA A LOS PERIODISTAS
La precariedad no es un error administrativo: es una decisión política que desnuda la hipocresía institucional
Once quincenas sin salario no son un retraso. No son un “ajuste”. No son una omisión menor. Son una violación sistemática a los derechos humanos y laborales. Eso es lo que viven reporteros, corresponsales, personal de prensa, administrativos y trabajadores de talleres de La Jornada Veracruz, quienes han sostenido un medio de comunicación durante meses sin recibir un solo peso.
El hecho, por sí solo, es grave. Pero se convierte en escándalo público cuando se revisa quién está legalmente detrás del medio.
De acuerdo con el Padrón Estatal de Medios de Comunicación del Gobierno de Veracruz, actualizado al 10 de julio de 2025, La Jornada Veracruz está registrada bajo la razón social Periodismo Trascendente del Golfo Veracruzano S.A. de C.V. y su representante legal es Tulio Moreno Alvarado. El mismo Tulio Moreno que hoy ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).
Sí: el funcionario encargado de proteger a periodistas en Veracruz está legalmente vinculado a un medio que no paga salarios.
La CEAPP, por ley, tiene entre sus funciones la defensa integral de periodistas, la atención a violaciones laborales derivadas del ejercicio informativo y la promoción de condiciones mínimas de dignidad. No es una recomendación ética: es una obligación legal.
Durante su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, el propio Luis Ramírez Baqueiro, presidente de la CEAPP, reconoció que los bajos salarios y la falta de prestaciones colocan a periodistas en situación de vulnerabilidad permanente y aumentan los riesgos de agresión.
Entonces la pregunta no es incómoda: es inevitable.
¿Con qué autoridad moral habla la CEAPP de precariedad cuando uno de sus altos funcionarios la practica?
No existe, hasta ahora, una justificación pública para la falta de pago. Y los hechos contradicen cualquier argumento de “crisis”. El medio adquirió recientemente una bodega en la colonia Revolución, en Xalapa, a donde fue trasladada su maquinaria. Hay dinero para comprar inmuebles, pero no para pagar salarios.
La precarización, además, no es nueva ni accidental. Desde su creación, hace más de una década, La Jornada Veracruz nunca otorgó prestaciones sociales. No hay IMSS. No hay protección ante enfermedad, accidente o vejez. Durante años, la ilegalidad laboral se normalizó y se convirtió en modelo.
Esto ya no es un “problema interno”. Es un asunto público que golpea directamente la credibilidad de la CEAPP. Porque cuando quien integra la estructura operativa de un organismo de protección reproduce prácticas de explotación, el mensaje al gremio es brutal y claro:
la defensa del periodismo es solo un discurso… mientras no toque intereses personales.
La protección al periodismo no puede coexistir con la explotación laboral. La defensa de derechos humanos no puede convivir con la negación del salario. Y cuando un funcionario encargado de proteger periodistas aparece legalmente vinculado a un medio que adeuda once quincenas, no ofrece seguridad social y pide silencio, la CEAPP no solo pierde autoridad moral: pierde razón de ser.
Once quincenas sin pagar no son un descuido. Son una decisión consciente que lastima familias, enferma cuerpos y desgasta conciencias.
La pregunta final es directa y necesaria:
¿Tiene conocimiento el presidente de la CEAPP? ¿Lo sabe el Congreso de Veracruz?
Los trabajadores dicen que “nadie sabe”. Que Tulio Moreno les ha pedido esperar. Y callar.
Pero el silencio, en este caso, no protege a nadie.
Solo encubre.
Y encubrir también es una forma de violencia.
Redacción Reportaje Veracruzano
