La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz enfrenta un nuevo foco de escrutinio luego de que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) señalara que la dependencia deberá explicar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el destino de más de 414 millones de pesos erogados en alimentos como arrachera y salmón para Personas Privadas de la Libertad (PPL).

La auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, sostuvo que corresponde a la propia Secretaría presentar las aclaraciones necesarias para justificar por qué los costos reportados resultaron elevados.

“Tendrá que hacer las aclaraciones correspondientes la propia secretaría para determinar por qué razón esos precios resultaron tan altos, de qué evento pudo haberse tratado o en qué momento fue que se hizo uso de un artículo tan caro. Eso lo tendrá que aclarar y, si no lo aclara, pues obviamente quedará como daño patrimonial”, advirtió.

De acuerdo con el informe presentado por el auditor superior David Colmenares ante la Cámara de Diputados, el pliego de observaciones 2024-D-19019-23-1518-06-008 revela pagos superiores a 414 millones de pesos por alimentos considerados de gama alta —entre ellos filetes, arrachera y salmón— destinados a los centros penitenciarios del estado durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez.

La revelación ha generado cuestionamientos sobre la pertinencia y justificación del gasto, aunque el ORFIS subrayó que el proceso de fiscalización aún no concluye.

González Cobos explicó que los entes observados por la ASF cuentan todavía con un plazo aproximado de 120 días para presentar la documentación y argumentos que solventen las inconsistencias detectadas en la Cuenta Pública 2024.

“Los resultados dados a conocer en el tercer y último informe todavía están sujetos a aclaraciones. Hay oportunidad de que los entes puedan dar las respuestas”, precisó.

La funcionaria reconoció que la Auditoría pudo o no haber revisado de manera exhaustiva la documentación entregada inicialmente; sin embargo, insistió en que el procedimiento sigue abierto y será la ASF la instancia que determine si las explicaciones son suficientes o si procede la configuración de un posible daño patrimonial.

Por ahora, el caso permanece bajo análisis y a la espera de que la SSP presente su defensa técnica sobre uno de los gastos que más controversia ha generado en la revisión del ejercicio público estatal.

Redacción Reportaje Veracruzano