TORTURA, MUERTE Y PERSECUCIÓN: EL CASO QUE EXPONE LAS HERIDAS ABIERTAS DE LA POLICÍA MINISTERIAL EN VERACRUZ
Xalapa, Ver.— Golpes, descargas eléctricas, humillaciones y una muerte que quedó sepultada en el silencio institucional. Catorce años después, el mismo expediente vuelve a levantarse como un espectro judicial para atrapar a la única sobreviviente de aquella pesadilla. El caso de los hermanos Erick y Zureyma “N” vuelve a sacudir a Veracruz, con señalamientos directos de tortura, fabricación de delitos y un aparato de justicia que, según la defensa, persigue a la víctima en lugar de castigar a los responsables.
El abogado Fausto Vicente Torres Pérez denunció públicamente que su clienta, Zureyma, fue torturada por elementos de la Policía Ministerial en 2012, al igual que su hermano Erick, quien murió presuntamente a consecuencia de los golpes. A pesar de que ella fue absuelta años después, en enero de 2026 fue nuevamente detenida por el mismo delito, lo que la defensa considera una aberración jurídica y un intento de revivir un expediente manchado por la violencia y la ilegalidad.
Según la versión del litigante, todo comenzó por un error brutal. Los agentes ministeriales buscaban a una pareja acusada de homicidio doloso calificado, pero detuvieron a los hermanos Erick y Zureyma, a quienes confundieron con los verdaderos sospechosos.
El 1 de febrero de 2012, en la congregación de Mapachapa, municipio de Minatitlán, los ministeriales irrumpieron en su domicilio. No hubo investigación previa ni verificación de identidad: hubo golpes, amenazas y un traslado violento a las instalaciones de la corporación.
De acuerdo con el testimonio presentado por la defensa, dentro de las oficinas ministeriales y los separos comenzaron los actos de tortura. Los hermanos fueron separados e incomunicados. Erick fue golpeado; Zureyma, sometida a agresiones físicas, humillaciones y descargas eléctricas en partes íntimas. Todo, presuntamente, para arrancar confesiones que sostuvieran una acusación equivocada.
El joven logró salir por presión de la comunidad, pero horas después regresó con su madre para denunciar lo ocurrido: dijo que a su hermana la estaban violando y aplicando toques eléctricos. Él mismo aseguró haber sido torturado. Poco tiempo después, murió a consecuencia de las agresiones, según la versión de la defensa.
A pesar de la gravedad de los hechos, el caso quedó enterrado en el silencio institucional. La historia no se convirtió en escándalo nacional ni detonó procesos ejemplares. El sistema siguió su curso, y con el tiempo, Zureyma obtuvo una sentencia absolutoria.
Pero en enero de 2026, el pasado volvió con violencia. Elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Ministerial llegaron a su domicilio y la detuvieron por el mismo delito del que ya había sido absuelta. Hoy permanece recluida en el penal de Duport Ostión.
El abogado sostiene que las pruebas utilizadas en su contra en 2012 fueron obtenidas bajo tortura y con métodos ilegales, y acusa directamente a un juez del sistema tradicional, Eleuterio Malpica Núñez, de haber permitido la fabricación del delito.
La defensa ya presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una denuncia ante la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Tortura. También exigió la intervención del Órgano de Administración y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez, para investigar los hechos.
El caso, más allá de un expediente, es un espejo incómodo para las instituciones. Si las acusaciones son ciertas, no se trata solo de un error judicial: se trata de tortura, muerte bajo custodia y la persecución reiterada de una persona que ya había sido absuelta.
Hoy, el nombre de Zureyma vuelve a sonar en tribunales. Pero la pregunta que flota en el aire es otra:
¿quién responderá por la muerte de Erick y por los presuntos actos de tortura que, según la defensa, fueron consentidos por el propio sistema de justicia?
Porque si el Estado encarcela a una víctima para tapar sus propios abusos, entonces no estamos ante un error judicial: estamos frente a un mecanismo de impunidad.
Redacción Reportaje Veracruzano
