El hombre que siguió matando: la pregunta incómoda que persigue a la Fiscalía de Veracruz
En Veracruz, la justicia a menudo llega tarde. En ocasiones, demasiado tarde
El nombre de Julián Pérez Sánchez volvió a aparecer recientemente en los registros oficiales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Esta vez no como detenido, sino como prófugo: la propia institución ofrece una recompensa por información que permita su captura, señalándolo como probable responsable de diversos homicidios.
Sin embargo, detrás de ese cartel de “Se busca” surge una pregunta que empieza a resonar con fuerza entre juristas, analistas y familiares de víctimas:
¿Por qué un presunto homicida que ya había sido procesado terminó nuevamente en libertad, presuntamente acumulando más crímenes?
El expediente que nunca se cerró
De acuerdo con versiones que circulan en círculos políticos y de seguridad en Veracruz, Pérez Sánchez fue procesado alrededor de 2020, pero posteriormente recuperó su libertad. Ese momento del expediente —las razones jurídicas que permitieron su liberación— se ha convertido hoy en el centro de un debate incómodo sobre la responsabilidad institucional.
La polémica cobró nueva fuerza tras el asesinato del político indígena Juan Carlos Mezhua Campos, ocurrido el 23 de noviembre de 2025 en la comunidad de Piedras Blancas, en la sierra de Zongolica.
Mezhua, exalcalde de Zongolica y exdirigente estatal del PRD, fue interceptado por un grupo armado que le disparó a corta distancia, apenas a unos metros de un cuartel de la Guardia Nacional.
Su muerte no fue un hecho aislado. En la región central de Veracruz, al menos 15 actores políticos han sido asesinados desde 2021, reflejando una escalada de violencia política que ha erosionado la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la procuración de justicia.
La pregunta legal: ¿existe responsabilidad del Estado?
En términos jurídicos, el debate no es menor.
Cuando un presunto criminal es detenido y posteriormente liberado por fallas en la investigación, pruebas mal integradas o decisiones judiciales controvertidas, el Estado puede enfrentar responsabilidades institucionales si esa liberación deriva en nuevos delitos.
En sistemas de justicia comparados, este escenario se analiza bajo el concepto de responsabilidad por omisión o negligencia institucional, que implica examinar si las autoridades:
Integraron correctamente las carpetas de investigación.
Presentaron pruebas suficientes ante un juez.
Solicitaron o aplicaron medidas cautelares adecuadas.
Si la liberación se debió a errores procesales o negligencia en la integración del caso, la responsabilidad podría recaer en funcionarios encargados de la procuración de justicia.
En Veracruz, esa discusión inevitablemente conduce al despacho de la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns.
Una institución bajo presión
La Fiscalía veracruzana ha enfrentado cuestionamientos recurrentes en los últimos años por investigaciones inconclusas, detenciones fallidas y casos emblemáticos sin resolver.
En el caso de Mezhua, la institución abrió una carpeta de investigación tras el crimen, pero hasta ahora no se han presentado detenidos ni se han dado a conocer públicamente avances contundentes en la investigación, lo que ha alimentado críticas sobre su capacidad operativa.
Mientras tanto, la dependencia ahora solicita el apoyo ciudadano para localizar a Pérez Sánchez, un giro que para algunos analistas evidencia un problema estructural:
el Estado busca hoy a alguien que, según versiones, ya tuvo bajo custodia años atrás.
El costo de los errores
La discusión no es únicamente jurídica; también es política.
Cada asesinato ocurrido tras una liberación cuestionada abre una herida institucional difícil de cerrar. Las familias de las víctimas no solo preguntan quién disparó, sino también quién permitió que el agresor permaneciera libre.
En Veracruz, donde la violencia política y criminal ha marcado la vida pública en los últimos años, el caso de “El Tigre” se ha convertido en símbolo de una interrogante mayor:
Si el Estado tuvo la oportunidad de detener a un presunto homicida y no lo hizo —o no lo hizo correctamente—,
¿quién responde por las vidas que se perdieron después?
Por ahora, la única respuesta visible es un cartel con recompensa.
Para muchas víctimas, sin embargo, esa respuesta llega demasiado tarde.
Redacción Reportaje Veracruzano
