Lo que debería ser un caso resuelto por la justicia laboral se ha convertido en un símbolo de resistencia burocrática y desprecio institucional. Trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) han decidido salir a las calles este lunes 23 de marzo, no por capricho, sino por una razón contundente: la ley está de su lado, pero el poder público simplemente la ignora.
El señalamiento es directo y sin rodeos: el titular de la dependencia, el guanajuatense Leonardo Cornejo Serrano, se ha negado a reconocer la titularidad laboral de empleados que no solo han acreditado años de servicio —más de 15—, sino que además cuentan con dos laudos firmes a su favor, respaldados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
No se trata de una petición. Se trata de una orden legal.
El silencio como respuesta
Desde el 20 de febrero, los trabajadores solicitaron formalmente una audiencia con el funcionario. La respuesta fue el vacío. Ni diálogo, ni negociación, ni voluntad política. Un silencio que hoy estalla en forma de protesta pacífica, respaldada por el Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV).
Pero el trasfondo es aún más grave: los inconformes denuncian que, pese a las resoluciones judiciales, se les sigue negando el reconocimiento como trabajadores de base, así como sus derechos más elementales, incluyendo seguridad social y prestaciones acumuladas.
La deuda histórica: muerte, abandono y omisión
El reclamo no es nuevo. Durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez, aseguran, cuatro trabajadores perdieron la vida en cumplimiento de sus funciones. La respuesta institucional, según los denunciantes, fue la negación del seguro de vida a sus viudas. Un episodio que, lejos de resolverse, quedó enterrado en la opacidad gubernamental.
Hoy, ese antecedente pesa como una losa sobre la actual administración.
¿Y el gobierno del cambio?
La protesta va dirigida directamente a la gobernadora Rocío Nahle García, a quien los trabajadores interpelan públicamente: ¿se permitirá que un secretario desacate resoluciones judiciales firmes? ¿Se tolerará la violación sistemática de derechos laborales en una administración que se autodenomina de transformación?
La contradicción es evidente. Mientras desde el discurso nacional, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se repite la consigna “primero los pobres”, en Veracruz, trabajadores con décadas de servicio deben protestar para exigir lo que ya ganaron en tribunales.
Protesta anunciada: el hartazgo llegó al límite
El Comité Ejecutivo Estatal del SEPEV ha respaldado la movilización bajo una consigna clara: “Por el Bien Común de la Base Trabajadora”. Pero detrás de la formalidad sindical, lo que realmente se percibe es un hartazgo acumulado por años de promesas incumplidas, negligencia institucional y desprecio por la legalidad.
La pregunta que queda en el aire es demoledora:
si ni siquiera los fallos judiciales obligan al gobierno a cumplir la ley, ¿qué le queda al trabajador común?
Este lunes, la SIOP no solo enfrentará una protesta. Enfrentará el reflejo de un sistema que, una vez más, parece haberle dado la espalda a quienes sostienen su funcionamiento desde abajo.
Redacción Reportaje Veracruzano
