Alto Lucero: el ayuntamiento secuestrado por la “hermanita incómoda” y el presunto festín del poder
Mientras el discurso oficial habla de transformación, austeridad y combate a la corrupción, en el Ayuntamiento de Alto Lucero crece una denuncia que huele a abuso de poder, presunto tráfico de influencias y una peligrosa concentración de decisiones en manos de quien ni siquiera fue electa por el pueblo.
El señalamiento apunta directamente a Verónica Castillo, hermana del alcalde Roque Castillo, a quien —según versiones internas— habría impuesto como una especie de “asesora general”, aunque en los hechos sería ella quien verdaderamente decide el rumbo administrativo, financiero y operativo del municipio.
La situación, aseguran trabajadores inconformes, ha convertido el Palacio Municipal en un auténtico infierno institucional, donde el miedo, la imposición y el desorden administrativo han provocado una ola de inconformidad que ya se traduce en renuncias y fracturas internas.
Este lunes, uno de los casos más delicados salió a la luz: la renuncia del jefe de Planeación y Proyectos de Obras Públicas, presuntamente derivada de desacuerdos por la forma en que se estarían ejecutando obras públicas, señalando que no se estarían respetando los procedimientos legales de licitación y adjudicación.
La acusación no es menor: se habla de obras presuntamente direccionadas, empresas vinculadas a amistades cercanas de Verónica Castillo y contratos que habrían terminado beneficiando a un reducido círculo de poder familiar.
Uno de los ejemplos más escandalosos sería la remodelación del inmueble del Ayuntamiento de Alto Lucero, donde se habrían destinado más de 2 millones de pesos, bajo la sospecha de que la empresa favorecida pertenecería a personas allegadas a la hermana del alcalde.
A ello se suma la limpieza de cunetas en tramos carreteros, una obra que también estaría bajo sospecha, pues presuntamente fue asignada a una empresa señalada como prestanombres ligados a Verónica Castillo.
Lo más grave: dicha intervención habría sido ejecutada incluso antes de contar con la autorización formal del Programa General de Inversión, lo que abre cuestionamientos severos sobre legalidad, transparencia y posible daño patrimonial.
La pregunta es inevitable: ¿quién gobierna realmente Alto Lucero?
Porque si las decisiones no pasan por Cabildo, si las regidoras guardan un silencio sepulcral y si el alcalde permite que el poder municipal opere como patrimonio familiar, entonces no estamos frente a una administración pública, sino frente a una oficina de negocios privados disfrazada de gobierno.
La ciudadanía comienza a notar el desorden. El hartazgo crece. Y también la percepción de que en Alto Lucero no manda el presidente municipal ni las ediles, sino una figura sin cargo constitucional que, según denuncian, estaría construyendo una fortuna política y económica desde las sombras.
Resulta inevitable recordar la máxima que Morena presume como bandera moral: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Si estas acusaciones resultan ciertas, en Alto Lucero no solo se habría traicionado esa consigna: se habría pisoteado.
La gobernadora Rocío Nahle tendría que mirar con lupa lo que ocurre en este municipio, porque permitir que el nepotismo se convierta en método de gobierno sería validar la degradación institucional desde el poder.
Alto Lucero no merece un ayuntamiento rehén de intereses familiares.
Merece gobierno.
Merece transparencia.
Y merece respuestas.
Redacción Reportaje Veracruzano
