Xalapa, Ver.— En medio de una estrategia estatal para reforzar la legalidad dentro de las corporaciones de seguridad, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que policías municipales que no acrediten los exámenes de control y confianza están siendo desarmados en distintas regiones del estado.
El funcionario detalló que esta medida no es aislada, sino parte de una política impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, quien ha instruido facilitar el acceso a la capacitación policial. Según explicó, los costos de los cursos impartidos por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz se redujeron drásticamente, pasando de 50 mil pesos a una cuota simbólica de entre 8 y 10 pesos para los ayuntamientos, con el objetivo de regularizar a sus elementos y garantizar la portación legal de armas.
En este contexto, destacó el caso de Coscomatepec, donde seis policías municipales fueron detenidos tras un cateo autorizado por un juez. La operación, coordinada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades estatales, derivó en la captura en flagrancia de Anselmo “N”, Jesús “N”, Diego “N”, Lauro Arturo “N”, Dana Natalia “N” y Bonifacio “N”.
A los detenidos se les señala como presuntos responsables de incumplimiento de un deber legal y delitos contra la salud. Durante el operativo se aseguraron bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana, teléfonos celulares y equipo táctico, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente.
Por otro lado, Ahued Bardahuil también se refirió a la movilización policial registrada en el fraccionamiento Monte Magno, en Xalapa, donde se reportó la presencia de hombres armados a bordo de una camioneta. Tras la intervención de elementos estatales, se confirmó que se trataba de escoltas del alcalde de Santiago Tuxtla, Noé Domínguez Cadena, quienes acreditaron la portación legal de armas y fueron liberados sin incidentes.
El secretario subrayó que los elementos estatales actuaron conforme a sus facultades al solicitar identificación, y consideró que el episodio pudo evitarse con mayor disposición de los involucrados para acreditarse de inmediato.
Con estas acciones, el gobierno estatal busca enviar un mensaje claro: la portación de armas y la permanencia en las corporaciones policiales estarán condicionadas al cumplimiento estricto de la ley y los controles de confianza.
Redacción Reportaje Veracruzano
