Doce años sin sentencia: la cárcel eterna en Poza Rica y la jueza señalada por desacato
Poza Rica, Ver.— En un caso que sacude los cimientos del sistema judicial veracruzano y exhibe con crudeza la lentitud, la opacidad y el posible abuso de poder dentro de los tribunales, un hombre permanece desde hace 12 años en prisión preventiva sin haber recibido sentencia, mientras una jueza de Poza Rica enfrenta señalamientos por presuntamente negarse a cumplir una ejecutoria de amparo federal que ordena revisar esa medida cautelar.
La protagonista de esta controversia es María Leticia García Ochoa, titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia del distrito judicial de Poza Rica, quien, de acuerdo con la defensa de la Persona Privada de la Libertad (PPL), ha desacatado en reiteradas ocasiones la resolución emitida dentro del juicio de amparo 420/2024, promovido precisamente para modificar la prisión preventiva que mantiene al imputado encerrado desde hace más de una década.
La acusación no es menor: el hombre enfrenta un proceso por el presunto delito de secuestro bajo la causa penal 43/2018, pero sigue sin una sentencia definitiva, atrapado en una prisión preventiva que, para sus defensores, dejó de ser una medida cautelar para convertirse en una condena anticipada.
El representante legal del interno advirtió que la jueza ya fue apercibida por la Jueza Décimo Primera de Distrito en el estado, con residencia en Poza Rica, y que si persiste el incumplimiento, el expediente podría ser turnado al Tribunal Colegiado de Circuito para iniciar un procedimiento de inejecución de sentencia.
La consecuencia sería severa: separación del cargo e incluso consignación.
“Sabemos que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”, sostuvo el abogado defensor.
La pregunta que golpea con fuerza es inevitable: ¿cómo puede sostenerse durante 12 años una prisión sin sentencia en un Estado de derecho?
La defensa sostiene que la negativa de variar la medida cautelar no sólo ignora los lineamientos de la autoridad federal, sino que profundiza una posible violación sistemática a los derechos humanos del imputado. La prisión preventiva prolongada, sin resolución definitiva, pone bajo la lupa no sólo a una jueza, sino a todo un aparato judicial que parece normalizar la excepcionalidad como regla.
María Leticia García Ochoa no es una figura improvisada. Es abogada de carrera, fue secretaria de Acuerdos en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Orizaba y en 2025 se postuló como aspirante a jueza local, cargo que obtuvo. Hoy, esa trayectoria está marcada por una acusación delicada: la posible resistencia a cumplir una orden federal.
En Poza Rica, este caso ya no es sólo un expediente judicial. Es el reflejo de una pregunta más profunda y más incómoda: ¿quién vigila a quienes imparten justicia? Porque cuando un ciudadano pasa 12 años preso sin sentencia, no sólo falla un juzgado; falla todo el sistema.
Redacción Reportaje Veracruzano
