La Toma bajo sospecha: denuncias apuntan a red de privilegios, extorsión y abuso dentro del penal de Amatlán
Amatlán de los Reyes, Veracruz.– Lo que debería ser un espacio de reinserción social vuelve a colocarse en el ojo del huracán. El Centro de Reinserción Social conocido como “La Toma” enfrenta nuevas acusaciones que dibujan un escenario preocupante: presuntos privilegios selectivos, control irregular de insumos, extorsiones internas y actos de abuso de autoridad.
De acuerdo con testimonios de usuarios y señalamientos recabados, bajo la actual administración de Héctor Morales Sobrevilla —quien asumió la dirección en agosto de 2025— el penal habría permitido la consolidación de dinámicas que distan de los principios de legalidad y equidad penitenciaria.
Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de la interna Nayeli Guadalupe Román Santiago, a quien se le atribuyen beneficios fuera de norma.
Según las denuncias, contaría con una habitación acondicionada en la llamada “Zona 2”, acceso a teléfonos celulares —objetos restringidos en centros penitenciarios— y el control de una cocina y tienda dentro del área F2. Este tipo de condiciones, de confirmarse, romperían con los lineamientos básicos de igualdad entre la población penitenciaria.
Las irregularidades no se detendrían ahí. También se señala a Carlos Méndez Mogollón, identificado como esposo de la interna, de presuntamente introducir mercancía desde el exterior y manipular los precios de los productos vendidos dentro del penal, generando un esquema que podría traducirse en abuso económico hacia los internos.
Aun más delicado resulta el señalamiento contra Edgar Martínez González Marroquín, quien, según las denuncias, operaría un sistema de cobros y extorsiones a reclusos de nuevo ingreso. Estas prácticas, afirman, se realizarían mediante el uso de teléfonos celulares presuntamente tolerados o resguardados por la propia dirección, desde el área conocida como M.T.I.
En este entramado, también aparece el nombre del oficial Fredi Rosas Flores (D3), acusado de permitir o incluso facilitar humillaciones y malos tratos durante los procesos de cobro, lo que agrava el panorama al involucrar posibles abusos de autoridad.
El contexto reciente del penal añade peso a estas denuncias. En octubre de 2025, una muerte catalogada como “sospechosa” dentro de La Toma detonó investigaciones sobre redes internas de extorsión y violencia. Desde entonces, operativos encabezados por fuerzas estatales y la Secretaría de Marina han buscado decomisar objetos prohibidos, evidenciando que el control institucional enfrenta desafíos persistentes.
Hasta ahora, las acusaciones permanecen en el terreno de la denuncia pública y deberán ser investigadas por las autoridades competentes, bajo el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, el cúmulo de señalamientos vuelve a encender las alertas sobre lo que ocurre tras los muros de uno de los penales más controvertidos de Veracruz.
La pregunta queda en el aire: ¿es La Toma un centro de reinserción… o un sistema paralelo donde el poder se negocia desde adentro?
Redacción Reportaje Veracruzano
