ATOYAC, VER. – En el marco de su gira de trabajo por la zona centro del estado, la gobernadora Rocío Nahle García fue recibida por grupos de ciudadanos y productores locales, quienes aprovecharon el encuentro para entregar pliegos petitorios que abarcan desde obras carreteras pendientes hasta asistencia legal en casos judiciales.
Sector productivo urge rehabilitación de tramos estatales
Representantes de los sectores cañero y limonero se manifestaron de manera pacífica con pancartas para solicitar la intervención directa del Ejecutivo en la conectividad vial de la región. De acuerdo con los mensajes exhibidos, los habitantes ya han cumplido con la entrega del proyecto ejecutivo ante la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).
La demanda principal se concentra en:
Tramo Pocitos-Cañamazo a Paso Mulato: Una extensión de 6 kilómetros que resulta clave para el traslado de productos agrícolas.
Carretera Kilómetro 44-Paso del Macho: Los pobladores señalaron que, aunque se han realizado obras previas, la ruta aún presenta deficiencias que complican el tránsito de carga pesada.
Denuncian deficiencias en defensorías públicas
Más allá de las demandas colectivas, la jornada estuvo marcada por denuncias individuales sobre el funcionamiento del sistema de justicia. Una ciudadana se acercó a la mandataria para exponer el caso de su nieto, actualmente recluido en el centro penitenciario de La Toma.
La peticionaria denunció ante la gobernadora la falta de resultados por parte de los servicios de defensoría pública. Según su testimonio, los escasos recursos con los que contaba la familia fueron destinados a una defensa que no brindó soluciones ni seguimiento efectivo al proceso legal del joven. La mujer señaló que la falta de solvencia económica actualmente le impide costear tanto un abogado particular como los gastos de traslado para las visitas reglamentarias al penal.
Respuesta institucional
Ante estos planteamientos, la gobernadora recibió la documentación técnica de los tramos carreteros y escuchó los testimonios de los ciudadanos. Se espera que las peticiones de infraestructura sean canalizadas a la SIOP para su revisión presupuestal, mientras que los casos de asistencia legal deberán ser turnados a las instancias correspondientes para evaluar el desempeño de la defensoría pública en la zona.
Redacción Reportaje Veracruzano
