Durante casi dos décadas, cientos de ayuntamientos
veracruzanos han vivido atrapados en una maquinaria financiera que les ha drenado recursos sin permitirles salir realmente de la deuda. Miles de millones de pesos se han ido en intereses, mientras calles siguen sin pavimentarse, drenajes colapsan, plantas de tratamiento no existen y hasta conseguir una ambulancia se vuelve una odisea.
Ahora, el Gobierno de Veracruz busca cambiar esa historia.
La gobernadora Rocío Nahle anunció un programa de rescate financiero mediante el cual el Estado adquiriría la deuda de la bursatilización que actualmente afecta a 199 de los 212 municipios de la entidad, con el objetivo de que los ayuntamientos liquiden ese compromiso directamente con el gobierno estatal y queden libres de esta carga antes de 2030.
La propuesta representa un viraje importante frente a un esquema heredado desde el sexenio de Fidel Herrera Beltrán y prolongado durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, donde las participaciones federales de los municipios quedaron comprometidas como garantía de una deuda que, lejos de reducirse, se convirtió en una sangría permanente.
Según explicó la mandataria, aunque los municipios han pagado más de 3 mil millones de pesos durante estos 19 años, prácticamente todo se ha ido en intereses, mientras el capital sigue vigente y actualmente ronda los mil 800 millones de pesos.
“Están prácticamente ahorcados”, resumió Nahle al describir la situación financiera de los ayuntamientos, que además arrastran adeudos con CONAGUA, compromisos bancarios y una pesada carga en nóminas.
La consecuencia, dijo, es evidente: alcaldes que deberían estar invirtiendo en servicios públicos esenciales terminan solicitando apoyo al Estado incluso para maquinaria básica o unidades de emergencia.
El nuevo esquema plantea que Veracruz compre esa deuda a los llamados “tenedores de deuda”, con autorización ya aceptada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, los municipios pagarían al Estado bajo condiciones mucho más favorables: tasas de interés reducidas, pagos dirigidos al capital y hasta un subsidio gubernamental.
La fórmula propuesta incluso contempla descuentos directos. Si un municipio debe un peso, podría pagar solo 75 centavos y el resto sería absorbido como subsidio estatal, permitiendo una salida real del endeudamiento.
La intención, aseguró la gobernadora, no es rescatar colores partidistas, sino rescatar municipios.
Sin embargo, existe una condición clave: los 199 ayuntamientos involucrados deberán aceptar de forma unánime. Si uno solo se niega, el esquema no podrá ejecutarse.
Ahí está el verdadero desafío político.
Porque más allá del anuncio, la pregunta de fondo será si los alcaldes estarán dispuestos a romper con un modelo que durante años ha mantenido hipotecado el desarrollo municipal.
Si prospera, Veracruz no solo estaría reduciendo su deuda estatal: estaría desmontando uno de los mecanismos financieros más asfixiantes que han frenado durante años el crecimiento de sus municipios.
Redacción Reportaje Veracruzano
