¿CASTIGO POR PROTESTAR? DENUNCIAN DESPIDO MASIVO DE SINDICALIZADOS EN COATZINTLA Y APUNTAN AL ALCALDE JORGE ALANÍS
De los discursos de apoyo al trabajador a las acusaciones de represalias laborales. Quince empleados sindicalizados aseguran haber sido despedidos tras participar en una manifestación para exigir respeto a sus derechos.
COATZINTLA, VER.- Lo que comenzó como una protesta para exigir respeto a los derechos laborales terminó, según denuncian los afectados, en una presunta purga dentro del Ayuntamiento de Coatzintla. Quince trabajadores sindicalizados acusan haber sido despedidos por órdenes del alcalde Jorge Alanís, en lo que consideran una represalia directa por haberse manifestado frente al Palacio Municipal el pasado 8 de mayo.
La denuncia abre una interrogante incómoda para la administración municipal: ¿se está castigando a los trabajadores por ejercer su derecho a la libre expresión y a la protesta, o existe una justificación legal que sustente las bajas laborales?
Los empleados sostienen que la versión oficial no resiste el análisis. Aseguran que la manifestación se realizó después de las 15:00 horas, una vez concluida su jornada laboral, por lo que rechazan el argumento de que abandonaron sus responsabilidades para participar en la protesta.
La situación escaló el pasado viernes, cuando varios de ellos fueron citados para ser informados de que ya no continuarían trabajando para el Ayuntamiento. La confirmación llegó este lunes de manera contundente: al intentar registrar su ingreso, el sistema les negó el acceso, mientras otros trabajadores ingresaban con normalidad.
Entre los afectados se encuentra Elia Ramírez, trabajadora con 23 años de servicio, quien denunció sentirse traicionada por una administración que, asegura, prometió estar del lado de la clase trabajadora.
“Yo confié en sus palabras. Lo apoyé en campaña porque decía que respaldaría a los trabajadores y a la gente. Hoy la realidad parece ser otra”, expresó.
Su caso adquiere especial relevancia debido a que padece epilepsia y afirma que la incertidumbre derivada de su despido pone en riesgo su estado de salud. La trabajadora responsabilizó públicamente al alcalde de cualquier afectación que pudiera sufrir como consecuencia de esta situación.
Los inconformes afirman que no se trata de casos aislados ni de ajustes administrativos ordinarios. Señalan que la medida alcanzó a 15 sindicalizados, varios de ellos con años e incluso décadas de servicio dentro de la administración municipal.
La controversia coloca bajo escrutinio a un gobierno municipal que llegó al poder prometiendo cercanía con la ciudadanía y respaldo a los sectores laborales. Hoy, las acusaciones plantean un escenario diametralmente opuesto: trabajadores que aseguran haber sido separados de sus cargos precisamente después de levantar la voz.
Hasta el momento, según los denunciantes, no ha existido un acercamiento directo del alcalde con los afectados ni una explicación pública detallada sobre los motivos de los despidos.
Ante ello, los trabajadores exigieron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y de las autoridades laborales competentes para revisar la legalidad de las bajas y determinar si existieron violaciones a sus derechos laborales.
El caso podría convertirse en una prueba crucial para las instituciones encargadas de garantizar la libertad sindical y la protección de los trabajadores. Porque si las acusaciones resultan ciertas, la pregunta que queda en el aire es tan simple como inquietante: ¿en Coatzintla protestar tiene consecuencias laborales?
Mientras esa interrogante no sea respondida por las autoridades municipales, quince familias permanecen en la incertidumbre y una administración enfrenta señalamientos que amenazan con empañar el discurso con el que llegó al poder.
Redacción Reportaje Veracruzano
