¿POLICÍA DE PROXIMIDAD O DE IMPUNIDAD? VIDEO DE PRESUNTO ABUSO SACUDE A ORIZABA Y DESATA DUDAS SOBRE EL CONTROL REAL DE LA CORPORACIÓN
La imagen de orden y disciplina que durante años ha proyectado la Policía Municipal de Orizaba enfrenta hoy una de sus pruebas más incómodas y delicadas. Un video difundido en redes sociales, donde presuntamente se observa a elementos golpeando a una persona que ya se encontraba sometida, abrió una pregunta que ninguna administración desea responder: ¿se trató de un hecho aislado o de una práctica que simplemente esta vez quedó grabada?
La controversia estalló justo cuando la corporación recibió a un nuevo jefe policiaco enviado por la Secretaría de Marina, el Teniente de Navío José Giovanni Valdez Baltazar, en un relevo que oficialmente obedece a rotaciones internas, pero cuya coincidencia temporal con el escándalo inevitablemente despierta suspicacias.
Porque en política y en seguridad pública las casualidades rara vez dejan de generar preguntas.
¿Es únicamente un relevo administrativo o una maniobra institucional para contener el desgaste provocado por un video que amenaza con erosionar la credibilidad de una de las corporaciones más presumidas del estado?
El alcalde Hugo Chahín Kuri reconoció la existencia de una investigación y sostuvo que se revisan tanto las grabaciones ciudadanas como las cámaras corporales portadas por los policías involucrados. Sin embargo, la interrogante central permanece intacta: si las cámaras de solapa fueron implementadas para garantizar transparencia y proteger tanto a ciudadanos como a oficiales, ¿por qué la opinión pública tuvo conocimiento del caso primero por redes sociales y no por mecanismos internos de supervisión?
Más aún: si las imágenes difundidas muestran efectivamente a una persona ya neutralizada recibiendo golpes, el debate deja de ser sobre la detención y pasa a ser sobre el ejercicio del poder sin control.
La autoridad municipal ha señalado que el individuo presuntamente había causado daños, alterado el orden e incluso intentado cometer actos delictivos. Pero incluso si todas esas acusaciones resultaran ciertas, existe un principio que distingue a una corporación profesional de una fuerza arbitraria: la ley permite detener, no castigar.
La fuerza pública no fue creada para administrar escarmientos ni para ejecutar sentencias en la vía pública.
Resulta igualmente llamativo que, pese a la gravedad de los señalamientos y al impacto social del video, hasta el momento ningún elemento haya sido separado temporalmente de sus funciones mientras concluyen las investigaciones.
La decisión puede ser jurídicamente válida bajo el principio de presunción de inocencia, pero políticamente abre otro frente de cuestionamientos: ¿la prioridad institucional es esclarecer los hechos o proteger la imagen de la corporación mientras pasa la tormenta mediática?
La Comisión de Honor y Justicia tiene ahora una oportunidad decisiva para demostrar si existe una auténtica cultura de rendición de cuentas o si se convertirá en otro expediente administrativo destinado a diluir responsabilidades entre tecnicismos y procedimientos internos.
Porque cuando un ciudadano observa a policías presuntamente golpeando a una persona sometida, no solamente se juzga la conducta de unos cuantos elementos.
Se pone a prueba la credibilidad de todo el sistema.
El nuevo mando policial llega así no a una ceremonia protocolaria ni a un simple cambio de estafeta, sino a una corporación bajo observación pública y frente a un desafío inmediato: demostrar que la disciplina naval que se presume en los discursos puede traducirse en controles efectivos, sanciones cuando corresponda y cero tolerancia a cualquier exceso.
El propio alcalde lanzó una frase que hoy regresa como un boomerang político hacia su propia administración: «quien no sirva se va a ir y quien sirva se va a quedar».
La ciudadanía seguramente agregaría una línea más a esa declaración:
Quien abuse del poder, si las investigaciones lo confirman, tampoco debería permanecer.
Redacción Reportaje Veracruzano
