POZA RICA, TIERRA DE NADIE PARA LA PRENSA: ASESINAN A PERIODISTA CON PROTECCIÓN OFICIAL Y SACUDEN A LA CEAPP; REPORTAJE VERACRUZANO EXIGE RESPONSABILIDADES
Poza Rica, Veracruz | 11 de junio de 2026
La violencia volvió a lanzar una señal de alarma contra la libertad de expresión en Veracruz. El periodista Luis Ángel López, reportero de nota roja del diario Vanguardia de Veracruz y subdelegado de Cruz Ámbar, fue asesinado a balazos durante las primeras horas de este jueves sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones de Poza Rica.
El ataque no solo apagó la vida de un comunicador; abrió nuevamente una herida que continúa sin cerrar en una ciudad donde ejercer el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Al arribar los cuerpos de seguridad y emergencia localizaron al comunicador sin signos vitales.
La agresión habría sido directa. Hombres armados presuntamente interceptaron al periodista y dispararon contra él para después escapar.
La pregunta vuelve a sacudir a las instituciones:
¿Quién está asesinando a los periodistas en Poza Rica y por qué los responsables continúan sin ser llevados ante la justicia?
El caso adquiere una gravedad mayor debido a que trascendió que Luis Ángel López había recibido amenazas previamente y contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).
La existencia de un esquema de protección no evitó el ataque. Esto abre un cuestionamiento inevitable sobre la efectividad de los mecanismos establecidos para salvaguardar la vida de quienes informan.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó la apertura de una carpeta de investigación y aseguró que “no habrá impunidad”. Sin embargo, esa promesa enfrenta una prueba definitiva.
El antecedente inmediato es el asesinato del periodista Carlos Castro, director del portal Código Norte, quien fue privado de la vida a balazos el pasado 8 de enero de 2026 también en Poza Rica, sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones.
Dos periodistas asesinados en menos de un año.
Dos ataques en la misma zona.
Dos casos que mantienen en alerta al gremio periodístico.
Hasta ahora, el caso de Carlos Castro continúa sin un esclarecimiento público que permita conocer quién ordenó el crimen y quiénes fueron los responsables.
Por ello, la nueva promesa de la Fiscalía sobre que “no habrá impunidad” queda bajo el escrutinio ciudadano.
Si el asesinato anterior continúa sin resultados contundentes, la sociedad tiene derecho a cuestionar si este nuevo compromiso será una acción real o únicamente un mensaje institucional.
La gobernadora Rocío Nahle enfrenta ahora uno de los mayores retos en materia de seguridad y libertad de expresión: evitar que Veracruz vuelva a ser señalado como un lugar donde asesinar periodistas puede quedar en la oscuridad.
Asimismo, desde Reportaje Veracruzano exigimos una revisión profunda de la actuación de la CEAPP, organismo creado para proteger a periodistas en situación de riesgo.
El organismo está integrado por el comisionado presidente Luis Orencio Ramírez Baqueiro y los comisionados Martha Angélica Martínez Cuicahua, María Alejandra Herrera Gómez, Roberto Pérez López, Pablo Jair Ortega Díaz, Ariadna Lezama Palma, Lizbeth Argüelles Hernández, Bernardo Velasco Guzmán y Raúl Domínguez Pinto, además del secretario ejecutivo Tulio Moreno Alvarado.
Desde Reportaje Veracruzano exigimos la destitución de Tulio Moreno Alvarado y demandamos que quienes encabezan las instituciones encargadas de proteger a periodistas rindan cuentas ante una realidad que golpea nuevamente al gremio.
La protección a periodistas no puede reducirse a trámites, reuniones o comunicados mientras comunicadores siguen cayendo asesinados.
La exigencia es clara:
Que los expedientes no duerman en escritorios.
Que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.
Que los responsables sean detenidos.
Porque cada periodista asesinado no representa solo una víctima más: representa un golpe directo contra el derecho ciudadano a conocer la verdad.
Redacción Reportaje Veracruzano
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