¿QUIÉN VIGILA A LOS QUE DEBERÍAN HACER CUMPLIR LA LEY? DENUNCIAN A POLICÍAS MINISTERIALES POR PRESUNTO ROBO DURANTE CATEO EN BOCA DEL RÍO
Boca del Río, Ver. — Una grave denuncia ciudadana vuelve a colocar bajo la lupa el actuar de corporaciones encargadas de procurar justicia en Veracruz. Una familia de la colonia Miguel Alemán acusa a elementos de la Policía Ministerial de haber irrumpido violentamente en su vivienda, agredido físicamente a varios de sus integrantes y, además, presuntamente apoderarse de 10 mil pesos en efectivo durante un cateo cuyo motivo, aseguran, jamás les fue explicado.
La denuncia fue hecha pública por Verónica Valerio Ruiz, quien relató que personal adscrito a la Fiscalía General del Estado llegó a su domicilio ubicado sobre la calle Mangle Rojo. Según su versión, los agentes ingresaron de manera agresiva, sometieron a su hijo y a otras dos personas, y realizaron una revisión exhaustiva de la vivienda.
De acuerdo con el testimonio de la familia, el joven fue esposado, arrojado al patio bajo las altas temperaturas y golpeado en repetidas ocasiones. Sin embargo, lo que hoy genera mayor indignación es el señalamiento de que, durante la intervención, los agentes habrían localizado 10 mil pesos en efectivo y posteriormente desaparecieron del lugar junto con el dinero.
Las acusaciones son particularmente delicadas porque apuntan directamente a una corporación cuya función es investigar delitos y presentar pruebas ante los tribunales. Si los hechos denunciados resultaran ciertos, no se trataría únicamente de un posible abuso de autoridad, sino de una conducta que erosionaría la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar la legalidad.
La familia sostiene además que, antes de retirarse, los agentes lanzaron amenazas y nunca informaron cuál era la investigación en curso, quién era el objetivo del operativo ni las razones jurídicas que justificaban la intervención en el inmueble.
El caso abre interrogantes que las autoridades están obligadas a responder con claridad: ¿existía una orden judicial debidamente fundada?, ¿qué bienes fueron asegurados oficialmente durante el operativo?, ¿existe un inventario que descarte la desaparición del dinero denunciado?, ¿por qué no hubo personas detenidas si el despliegue policial era tan contundente?
Vecinos y habitantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río han señalado en distintas ocasiones presuntos cateos que terminan sin detenciones ni resultados visibles, pero que dejan tras de sí viviendas dañadas, familias atemorizadas y una creciente percepción de abuso institucional.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones. Mientras tanto, los afectados anunciaron que presentarán las denuncias correspondientes y aseguran que pueden identificar plenamente a los elementos que participaron en el operativo.
La investigación apenas comienza, pero el señalamiento es de la mayor gravedad. Porque cuando una familia denuncia que quienes llegaron con la investidura del Estado se marcharon dejando miedo, golpes y la sospecha de un robo, la exigencia de transparencia ya no es una opción: es una obligación.
Redacción Reportaje Veracruzano
