Desafuero de dos alcaldes veracruzanos entra en su momento decisivo; Congreso abre la puerta a una definición política y judicial
Xalapa, Ver.— Dos expedientes que han colocado bajo los reflectores la relación entre poder político, justicia y seguridad pública en Veracruz avanzan hacia una etapa determinante. Las solicitudes de desafuero contra Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, y Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, ambos emanados de Movimiento Ciudadano, ya fueron turnadas a la Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado, instancia que deberá decidir si existen elementos suficientes para retirarles el fuero constitucional.
El paso se dio luego de que las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales avalaran la continuidad de ambos procedimientos, con lo que el análisis deja de ser un trámite administrativo para convertirse en un proceso de alto impacto político y jurídico.
La Comisión Instructora revisará las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado, escuchará los argumentos de defensa de los alcaldes y, posteriormente, emitirá un dictamen que podría ser sometido a votación del Pleno del Congreso local.
Dos investigaciones, un mismo escenario
En el caso de Bertín Bravo Montero, la Fiscalía lo investiga por su presunta relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López, quienes fueron vistos por última vez el 14 de mayo en la zona de Barra de Chachalacas.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, ambos habrían acudido al domicilio del alcalde para sostener un encuentro en el que presuntamente serían presentados con una persona identificada por las autoridades como supuesto jefe de plaza. Las indagatorias refieren que cámaras de videovigilancia captaron el ingreso de la camioneta de las víctimas, pero no registraron su salida, un dato que forma parte de la carpeta de investigación y que ahora será valorado durante el proceso legislativo.
El segundo expediente corresponde al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, cuyo nombre apareció dentro de la investigación por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán.
Según la Fiscalía, un testigo declaró haber escuchado al edil comunicarse con un presunto líder criminal para solicitar la privación ilegal de la libertad de la comunicadora, quien supuestamente poseía una fotografía donde el funcionario aparecía portando un arma larga. Esa declaración constituye uno de los elementos que sustentan la petición de desafuero, aunque será sometida al análisis legal correspondiente y el alcalde conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.
La cuenta regresiva
Ambos presidentes municipales disponen ahora de siete días para presentar por escrito sus argumentos de defensa o comparecer personalmente ante los legisladores que integran la Comisión Instructora.
Más allá del destino jurídico de los dos funcionarios, el proceso representa una prueba para el Congreso de Veracruz, que deberá demostrar si el fuero constitucional continúa siendo una garantía para el ejercicio del cargo o si, cuando existen investigaciones penales de alto impacto, puede retirarse sin que ello se convierta en un instrumento de confrontación política.
El desenlace de ambos casos marcará no sólo el futuro de los alcaldes involucrados, sino también el mensaje institucional que el Poder Legislativo envíe sobre el combate a la impunidad y la rendición de cuentas en el estado.
Redacción Reportaje Veracruzano
