DOBLE CRIMEN, SILENCIO Y REVICTIMIZACIÓN: FAMILIA DE VERACRUZANO DENUNCIA OMISIONES; FBI DA SEGUIMIENTO AL CASO QUE SACUDE A MÉXICO Y EE.UU.
Xalapa, Ver.— Lo que comenzó como la desaparición de una pareja terminó convertido en un caso que hoy exhibe no sólo la brutalidad de un doble homicidio, sino también las denuncias de presuntas omisiones institucionales, obstáculos burocráticos y revictimización que, según la familia, marcaron cada etapa de la búsqueda y recuperación de los cuerpos.
Deyra Corey Hidalgo Ortiz, hermana de Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz —originario de Acayucan, Veracruz—, narró públicamente el viacrucis que enfrentó desde que su hermano y su esposo, Salvador Zafar, desaparecieron en mayo pasado, hasta el momento en que finalmente pudo darles sepultura.
La denuncia coloca bajo el escrutinio la actuación de las autoridades encargadas de investigar el caso. De acuerdo con su testimonio, la familia nunca recibió una notificación oficial sobre la desaparición. Fue a través de publicaciones en redes sociales como se enteraron de que Guillermo y Salvador eran buscados, mientras la Fiscalía les informó posteriormente que los hechos databan del 20 de mayo y que la ficha de búsqueda había sido emitida tres días después.
La incertidumbre aumentó cuando una persona que dijo ser amiga de la pareja recomendó a la familia no trasladarse de inmediato a la Ciudad de México. Más tarde, otra persona aseguró públicamente que Guillermo no mantenía contacto con sus familiares, versión que Deyra rechazó al presentar registros de una videollamada realizada apenas cinco días antes de la desaparición.
La búsqueda, aseguró, estuvo acompañada de múltiples trabas. Cuando acudió a la Fiscalía de Personas Desaparecidas para conocer el expediente, le negaron el acceso al argumentar que ella no había presentado la denuncia formal, situación que la obligó a contratar representación legal para intervenir en el proceso.
El momento más doloroso llegó el 17 de junio, cuando fue citada en Lerma, Estado de México, para identificar un cuerpo localizado en la zona de cabañas de La Marquesa. Ahí reconoció a su hermano por tatuajes y una cirugía previa en la mano izquierda y, poco después, identificó también a Salvador Zafar.
Sin embargo, pese al reconocimiento físico, las autoridades condicionaron la entrega de los restos a pruebas genéticas. Debido a la edad avanzada de sus padres y al estado de salud de su madre, su padre tuvo que viajar desde Veracruz para proporcionar muestras de ADN. Aunque los estudios arrojaron una coincidencia del 99.1 por ciento, Deyra denunció que posteriormente fue obligada a realizar una nueva identificación antes de que finalmente le entregaran los cuerpos.
La familia sostiene que durante todo el procedimiento enfrentó actos de revictimización y que su voz quedó relegada mientras versiones de terceros dominaban la narrativa pública del caso.
El asesinato continúa bajo investigación. Debido a que Salvador Zafar contaba con ciudadanía estadounidense, las diligencias mantienen una coordinación binacional en la que participan la Fiscalía General de la República, autoridades del Estado de México, la Embajada de Estados Unidos en México y el Federal Bureau of Investigation (FBI), que permanece atento al desarrollo de las investigaciones.
Deyra Hidalgo afirmó que continuará viajando a la Ciudad de México para exigir avances en las carpetas de investigación y reiteró que no abandonará la exigencia de justicia hasta que los responsables del doble homicidio sean plenamente identificados y llevados ante los tribunales.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda para las instituciones encargadas de procurar justicia: cuando una familia denuncia retrasos, falta de información y presuntos actos de revictimización, ¿quién investiga la actuación de quienes tenían la obligación de proteger a las víctimas desde el primer momento? Esa respuesta sigue pendiente, mientras dos vidas fueron arrebatadas y una familia continúa esperando algo más que explicaciones.
Redacción Reportaje Veracruzano
