Entre machetes, amenazas y omisiones: vecinos de Xalapa denuncian presunto despojo de área verde protegida
Habitantes de la colonia Estibadores aseguran que un conflicto por un espacio ambientalmente protegido escaló hasta una presunta agresión con machete. Exigen intervención de las autoridades y garantías para sus familias.
Xalapa, Ver., 10 de agosto de 2026.– Lo que comenzó como una disputa vecinal por el manejo de un área verde terminó convertido, según habitantes de la colonia Estibadores, en un conflicto que ya involucra presuntas agresiones físicas, amenazas, daños a vegetación protegida y una creciente desconfianza hacia las autoridades responsables de intervenir.
En conferencia de prensa, Elizabeth Rodríguez Solano, vecina de la Privada Modesto Martínez, esquina con Calle 4, expuso públicamente el temor de varias familias ante lo que calificó como un intento de apropiación y transformación irregular de un espacio que, aseguran, cuenta con protección ambiental desde hace más de una década.
El punto de la controversia no es menor: en el sitio existen ejemplares vegetales que los vecinos consideran parte del patrimonio ambiental de la zona, entre ellos un ficus que señalan como especie en riesgo y un bambuzal que durante años habría funcionado como una especie de barrera natural y pulmón ecológico para el sector.
Un oficio de 2013, en el centro de la disputa
Los habitantes sostienen que desde 2013 existe un oficio de la autoridad ambiental mediante el cual se reconoce la condición protegida del área y se establecen restricciones para intervenir la vegetación, particularmente mediante podas realizadas por particulares.
Sin embargo, denunciaron que Fausto Saldaña, quien se presenta como presidente de una denominada Fundación Saldaña, habría intervenido el espacio mediante podas y retiro de vegetación pese a las restricciones que, según los vecinos, continúan vigentes.
Los denunciantes también cuestionan la existencia y representación de dicha organización, al asegurar que no conocen documentación oficial que permita acreditar su registro o facultades para intervenir en el sitio.
Estas afirmaciones deberán ser corroboradas por las autoridades competentes y, en su caso, mediante la documentación correspondiente.
Del conflicto vecinal a una denuncia por violencia
El elemento que elevó la preocupación de los habitantes es que el enfrentamiento ya no se limita al terreno ambiental.
De acuerdo con el testimonio presentado por los vecinos, el pasado 1 de agosto habría ocurrido una agresión con machete contra uno de los habitantes, quien presuntamente logró esquivar el ataque.
El señalamiento es grave y, por su naturaleza, corresponde a las autoridades ministeriales determinar si existió un delito, identificar a los responsables y establecer las medidas de protección que correspondan.
Los vecinos también señalaron a Juana Palacios y Clarisa Palacios por presuntos actos de intimidación y aseguraron que en algunas confrontaciones habrían sido involucrados menores de edad.
Asimismo, mencionaron a Bonifacio Ramos Ayala, quien —según los denunciantes— se presenta como integrante de Seguridad Pública y utiliza el sobrenombre de “El Capitán”, acusándolo de respaldar a quienes protagonizan el conflicto.
Estos señalamientos forman parte de la denuncia pública de los habitantes y no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad.
La pregunta incómoda: ¿quién está obligado a proteger el área?
Más allá de las acusaciones entre particulares, los vecinos plantean una pregunta que corresponde responder a las instituciones: si existe documentación oficial que reconoce la protección del área verde, ¿qué autoridad está obligada a garantizar que esa protección se cumpla?
Elizabeth Rodríguez afirmó que durante años los habitantes han acudido a distintas dependencias sin obtener una solución definitiva.
“Nos mandan de oficina en oficina, de arquitectos a sociólogos y abogados, pero nadie nos da respuestas”.
Para los vecinos, el problema ya no puede reducirse a una diferencia entre particulares. Sostienen que están en juego simultáneamente el patrimonio ambiental, la integridad de las familias y el cumplimiento de las disposiciones administrativas existentes.
También acusaron presuntas irregularidades y omisiones en áreas relacionadas con Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Contraloría.
De comprobarse alguna actuación irregular de servidores públicos, correspondería a los órganos de control y a las autoridades competentes investigar y determinar responsabilidades.
“Ya escalamos de las pláticas a los intentos de homicidio”
La preocupación de los habitantes quedó sintetizada en una frase que retrata la dimensión que, según ellos, ha adquirido el conflicto:
“Ya escalamos de pláticas a intentos de homicidio. Tememos por nuestras vidas y las de nuestros hijos”.
Por ello, los vecinos demandaron que se detengan las intervenciones sobre el área verde mientras se esclarece su situación jurídica y ambiental; que se investiguen las presuntas agresiones y amenazas, y que se garantice la seguridad de quienes habitan en los alrededores.
El caso coloca nuevamente bajo escrutinio la capacidad de las autoridades para hacer cumplir las disposiciones de protección ambiental cuando estas chocan con intereses particulares.
Porque un área verde protegida no se defiende únicamente con oficios archivados.
Se defiende con inspecciones, vigilancia, actuaciones administrativas y, cuando existe una denuncia de violencia, con una respuesta institucional que llegue antes de que el conflicto termine en una tragedia.
Redacción Reportaje Veracruzano
