Xalapa, Ver.— Mientras representantes de diversas cámaras empresariales advierten sobre un incremento en las extorsiones que afectan a comerciantes y empresarios veracruzanos, la Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene una postura opuesta: oficialmente, el delito no va en aumento porque las carpetas de investigación no reflejan ese comportamiento.
La fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, afirmó que los registros de la institución desmienten la percepción del sector productivo y aseguró que las estadísticas oficiales muestran que la incidencia incluso se encuentra a la baja.
Sin embargo, la declaración abre un debate de fondo: ¿la ausencia de denuncias equivale necesariamente a la ausencia del delito? Para organismos empresariales, el temor a represalias y la desconfianza en las instituciones continúan siendo factores que desalientan a las víctimas a acudir ante las autoridades.
Durante una conferencia de prensa, la titular de la FGE insistió en que las denuncias deben presentarse formalmente y no limitarse a expresiones en redes sociales o declaraciones ante los medios de comunicación, ya que sin una carpeta de investigación resulta imposible iniciar diligencias, rastrear números telefónicos, analizar videos o judicializar los casos.
Aunque periodistas le plantearon que muchas víctimas evitan denunciar por miedo, Jiménez Aguirre rechazó esa justificación y aseguró que la Fiscalía cuenta con mecanismos para proteger la identidad de quienes presentan una denuncia, además de mantener coordinación permanente con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), la Secretaría de Seguridad Pública y representantes de cámaras empresariales.
Como ejemplo de los resultados institucionales, citó la reciente detención en flagrancia de un presunto extorsionador en la región de Acayucan, señalado de dejar amenazas y exigir cobros de piso a pequeños comercios.
No obstante, la diferencia entre la percepción del sector empresarial y las cifras oficiales vuelve a colocar sobre la mesa una interrogante recurrente en materia de seguridad pública: si las víctimas no denuncian por cualquier motivo, ¿las estadísticas reflejan realmente la dimensión del problema o únicamente los casos que llegan a convertirse en carpetas de investigación?
Mientras la Fiscalía sostiene que «carpeta que se inicia, carpeta que se investiga», empresarios insisten en que la extorsión continúa siendo una amenaza cotidiana. La distancia entre ambas versiones evidencia que el desafío no solo consiste en perseguir el delito, sino también en generar la confianza suficiente para que las víctimas decidan acudir a las autoridades.
Por ahora, la FGE mantiene su postura: sin denuncias formales, no existe evidencia estadística que permita afirmar que la extorsión está creciendo en Veracruz.
Redacción Reportaje Veracruzano
