POZA RICA: EL MÉDICO QUE PAGÓ CON SU VIDA Y LA FISCALÍA QUE SIGUE MIRANDO PARA OTRO LADO
Cuatro meses. Ciento veinte días. Y ni un solo detenido.
El 1 de abril de 2026 apareció el cuerpo torturado de José Antolín Montero Alpírez en un terreno baldío de la colonia Revolución, a un costado del CBTIS 78. Tenía 76 años. Había sido director del Hospital Regional de Poza Rica, jefe de Cirugía, un hombre al que colegas y pacientes describen como imposible de ver enojado, de origen humilde, que operaba gratis a quien no podía pagar. Lo levantaron el 30 de marzo en Chapultepec. La familia pagó el rescate. Los criminales lo mataron de todas formas: atado de pies y manos, rostro sellado con cinta, signos de tortura. Y luego lo tiraron como basura.
Desde entonces, silencio oficial.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió carpeta. Marina, Ejército, Guardia Nacional y policías municipales acordonaron la zona. La gobernadora Rocío Nahle no ofreció una sola conferencia específica sobre el caso. La alcaldesa de Poza Rica tampoco dio la cara a los manifestantes que salieron a las calles el 6 y 7 de abril exigiendo justicia. La única respuesta política fue acusar a Movimiento Ciudadano de “orquestar” la marcha. Como si el problema fuera la protesta y no el cadáver de un médico de 76 años abandonado entre la maleza.
¿Dónde están los resultados de esa investigación?
¿Cuántas líneas de investigación se abrieron?
¿Se revisaron las cámaras de la zona del levantón?
¿Se identificó a los interlocutores del rescate?
¿Existe siquiera un sospechoso formal?
Nada. Cero. El expediente parece haberse evaporado en el mismo aire denso de impunidad que respira el norte de Veracruz.
Y mientras el caso de Montero se enfría, Poza Rica sigue sangrando. En 2026 ya van al menos dos periodistas asesinados en la ciudad. Ejecuciones a plena luz del día frente a bancos y restaurantes. Levantones. El estado de Veracruz acumuló 447 homicidios dolosos solo en el primer semestre: uno de cada veinte del país. La región norte no es una excepción; es el laboratorio donde la violencia opera con insolencia y las autoridades responden con comunicados genéricos y operativos que no detienen a nadie.
El doctor Montero no era un narco ni un político. Era un cirujano que dedicó más de 35 años a curar gente en un hospital público. Su asesinato no fue un “ajuste de cuentas” misterioso. Fue un mensaje. Y el mensaje fue recibido: se puede secuestrar, torturar y matar a un médico respetado en Poza Rica, cobrar el rescate y desaparecer sin que pase absolutamente nada.
Cuatro meses después, la pregunta ya no es solo quién lo mató.
La pregunta es más grave:
¿A quién le conviene que este caso nunca se resuelva?
Porque mientras no haya detenidos, mientras la carpeta siga dormida y las autoridades sigan hablando de “coordinación interinstitucional” sin mostrar un solo resultado, el mensaje sigue vigente: en el norte de Veracruz, la vida de un médico vale menos que el silencio de quienes deberían investigar.
Redacción Reportaje Veracruzano
