TRIJAEV bajo fuego: trabajadores acusan a magistrada de cobrar “moches”, hostigar empleados y usar al tribunal con fines políticos

Xalapa, Ver.— Lo que debería ser un espacio reservado para la impartición de justicia administrativa enfrenta ahora señalamientos que, de confirmarse, colocarían bajo escrutinio no sólo la conducta de una magistrada, sino el uso de recursos humanos de un órgano jurisdiccional para presuntos fines políticos.

Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) acusaron públicamente a Rosalba García Salazar, magistrada adscrita a la Sala Superior, de presuntamente exigirles entregas periódicas de dinero, condicionando —según su denuncia— la permanencia laboral y la renovación de contratos.

El señalamiento es directo: los empleados aseguran que se les habría impuesto un esquema de cuotas quincenales en efectivo que tendrían que entregar como condición para conservar su fuente de trabajo.

“Se nos exige entregar una parte de nuestro sueldo en efectivo por el simple hecho de ‘permitirnos’ seguir laborando en el tribunal”, expusieron los trabajadores en un posicionamiento.

La acusación, de acreditarse mediante pruebas y ante las instancias correspondientes, implicaría una pregunta particularmente incómoda: ¿puede un trabajador de un tribunal autónomo ser obligado a pagar para conservar el empleo que formalmente obtuvo por sus funciones públicas?

Pero las denuncias no terminan en el dinero.

Del tribunal a la operación política

Los trabajadores sostienen que también habrían sido presionados para acudir a eventos políticos relacionados con la diputada local por Xalapa, Dorheny García Cayetano, incluso fuera del horario laboral o dejando de lado actividades propias del tribunal.

La acusación cobra especial relevancia porque los denunciantes aseguran que no se trataría de una participación voluntaria, sino de una actividad presuntamente impuesta desde la estructura laboral.

“Se está utilizando al personal de un órgano jurisdiccional autónomo para fines proselitistas y de grupo político”, señalaron.

De comprobarse, el asunto trascendería el terreno de una disputa laboral. La cuestión sería determinar quién ordenó esas actividades, con qué propósito, bajo qué justificación administrativa y si se utilizaron recursos públicos —incluido tiempo de trabajo— para beneficiar intereses partidistas o personales.

Y ahí aparece uno de los puntos que las autoridades competentes tendrían que esclarecer: ¿existen registros de asistencia, instrucciones escritas, mensajes, fotografías, videos, listas de trabajadores o cualquier otro elemento que permita establecer quién convocaba a esos eventos y bajo qué condiciones?

El trabajador que no quiso aparecer

Los empleados también acusaron a la magistrada de obligarlos a participar en videos destinados a sus redes sociales personales, actividades que —afirman— no forman parte de sus obligaciones dentro del TRIJAEV.

Según el posicionamiento, quienes se resistían habrían enfrentado burlas, ataques verbales y un trato hostil frente a otros compañeros.

El señalamiento dibuja un segundo nivel de la controversia: no sólo se cuestiona el presunto uso del personal para actividades ajenas al tribunal, sino también el supuesto mecanismo utilizado para disciplinar a quienes se negaban.

La pregunta es inevitable: dónde termina la autoridad laboral de una magistrada y dónde comienza el abuso de esa posición de poder?

Las acusaciones, hasta ahora, corresponden a los trabajadores y deberán ser investigadas y acreditadas por las autoridades competentes. García Salazar tendría derecho a conocer los señalamientos y ejercer plenamente su defensa.

El antecedente que vuelve más delicado el caso

Los señalamientos contra la magistrada aparecen en un contexto político particularmente sensible.

La diputada morenista Dorheny García Cayetano fue denunciada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por un excolaborador, José Alberto Flores Hernández, quien la acusó de abuso de autoridad y de presuntamente exigir parte del salario de trabajadores.

De acuerdo con la denuncia difundida públicamente, los descuentos habrían rondado los 14 mil 700 pesos mensuales, dinero que, según el excolaborador, sería destinado a personas que realizaban actividades para el equipo pero que no pertenecían formalmente a la nómina.

García Cayetano negó los señalamientos y afirmó desconocer si existía una denuncia penal en su contra.

Incluso cuestionó el interés mediático que ha generado el caso y sostuvo que hablar de ella en medios de comunicación resulta “rentable”.

Ahora, los señalamientos contra Rosalba García introducen un elemento adicional que las autoridades tendrán que mirar con lupa: la presunta utilización de trabajadores de un órgano jurisdiccional para actividades relacionadas con una figura política que, a su vez, enfrenta acusaciones de cobros indebidos a colaboradores.

No significa que ambas denuncias estén jurídicamente vinculadas. Pero políticamente, la coincidencia exige explicaciones.

La pelota está en la cancha de las autoridades

El comunicado de los trabajadores no puede sustituir una investigación formal ni convertir automáticamente las acusaciones en hechos probados.

Precisamente por eso, la respuesta institucional resulta crucial.

Si hubo cobros, deben determinarse montos, periodicidad, destinatarios y mecanismos de entrega.

Si hubo amenazas de despido o condicionamiento de contratos, deben identificarse las instrucciones y responsables.

Si trabajadores del TRIJAEV fueron movilizados para eventos políticos, debe esclarecerse quién los convocó, en qué horario, con qué recursos y bajo qué argumento administrativo.

Y si fueron utilizados para producir contenido destinado a redes sociales personales, habrá que determinar si ocurrió durante horario laboral o utilizando recursos humanos cuya función corresponde exclusivamente al servicio público.

Porque el verdadero problema no sería únicamente cuánto dinero se habría exigido. El problema de fondo sería si un órgano creado para impartir justicia administrativa terminó convertido, presuntamente, en una estructura donde el empleo público se condiciona, el trabajador se disciplina mediante miedo y el personal puede ser desplazado hacia intereses políticos ajenos a su función.

Por ahora son acusaciones.

Pero son acusaciones suficientemente graves como para que el silencio institucional no sea una respuesta.

La ciudadanía merece saber si en el TRIJAEV existe un esquema de cuotas, si hubo presión política sobre sus trabajadores y, sobre todo, si alguien convirtió la autonomía de un tribunal en un espacio de poder personal.

La investigación, con pruebas y debido proceso, tendrá la última palabra.

Redacción Reportaje Veracruzano