Familia denuncia negligencia y trato deshumanizado; institución exige más de 60 mil pesos por daños mientras el paciente pierde su cita especializada
Veracruz, Ver.– Lo que debía ser un trámite rutinario para continuar un tratamiento médico terminó en una escena de pánico, destrozos, detención policiaca y una carpeta abierta ante la Fiscalía General de la República. El caso de Luis Miguel Cruz, bodeguero de Limpia Pública y derechohabiente del IMSS, expone nuevamente la fragilidad del sistema de atención y la distancia abismal entre el discurso institucional y la realidad que enfrentan los pacientes.
De acuerdo con sus familiares, el pasado 5 de febrero acudió a la Unidad de Medicina Familiar número 68, en la zona de Ferrocarriles del puerto de Veracruz, para realizarse estudios de laboratorio previamente programados. Dichos análisis eran indispensables para mantener su cita en la Clínica del Dolor de la UMAE.
Pero el sistema, ese mismo que presume ser “la seguridad social de los mexicanos”, le cerró la puerta en la cara.
Personal del módulo de recepción le habría informado que llegó “un poco tarde” y que por ese motivo no sería atendido. No sólo eso: según la familia, también le retuvieron su carnet de citas, dejándolo en un limbo administrativo y médico.
La negativa, aparentemente burocrática, detonó una crisis de pánico en el paciente, quien padece diabetes, hipertensión y además se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico con medicamentos controlados. Sus familiares aseguran que se trata de un hombre clínicamente controlado, trabajador y de carácter tranquilo.
Pero ese día, el sistema lo quebró.
En medio de la crisis, Luis Miguel presuntamente causó daños a una máquina de turnos y a una computadora del hospital. Lo que siguió fue una respuesta institucional que su familia califica como desproporcionada: seguridad interna solicitó el apoyo de la Policía Naval y de elementos auxiliares adscritos al IMSS, quienes procedieron a detenerlo.
Primero fue atendido por la crisis en la propia clínica, luego trasladado al C5 para rendir declaración y, posteriormente, presentado ante la Fiscalía General de la República, donde permanece sujeto al plazo legal correspondiente.
Mientras tanto, la institución médica le exige el pago de más de 60 mil pesos por los daños ocasionados, una cifra que la familia asegura es imposible de cubrir.
Además del golpe económico y legal, el episodio tuvo una consecuencia médica inmediata: perdió su cita en la Clínica del Dolor de la UMAE y ahora deberá reiniciar todo el proceso desde la consulta de traumatología, con los tiempos de espera que eso implica.
Los familiares denunciaron también un ambiente de hermetismo y restricciones durante el proceso. Aseguran que se les impidió el acceso a las instalaciones de la Fiscalía bajo el argumento de diligencias periciales y que sólo se les permitió dejar alimentos, sin recibir información clara sobre la situación del detenido.
El caso abre preguntas incómodas para la institución:
¿Puede un sistema de salud negar estudios programados a un paciente crónico por llegar unos minutos tarde?
¿Es proporcional que un enfermo en crisis termine esposado y presentado ante la FGR?
¿Dónde queda la atención integral cuando la burocracia se impone sobre la salud mental y física de los derechohabientes?
Hasta el cierre de esta información, se desconoce si la Fiscalía formulará cargos formales o si se alcanzará algún acuerdo por la reparación de los daños.
Para la familia, el problema es más profundo que un escritorio roto o una computadora dañada. Denuncian negligencia, falta de sensibilidad y un sistema que, en lugar de contener a un paciente en crisis, lo empujó directo al terreno penal.
Porque cuando el enfermo termina en la Fiscalía, algo en el sistema de salud ya falló antes. Y falló gravemente.
Redacción Reportaje Veracruzano
