Rosalba Hernández al banquillo: ¿Recorte de salarios en el Poder Judicial de Veracruz o simulación de austeridad?
Xalapa, Ver. – La magistrada Rosalba Hernández Hernández, próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJ), lanzó una promesa que huele más a discurso que a certeza: “probablemente sí” se recortarán los salarios de los nuevos magistrados. El matiz de duda en su declaración abre la primera gran interrogante: ¿estamos frente a un verdadero viraje de austeridad en el Poder Judicial o sólo a un guiño político en tiempos de desconfianza ciudadana?
La futura togada recordó que desde 2019 se aplica la Ley de Austeridad y que los emolumentos ya están limitados por la Constitución. Sin embargo, la ambigüedad con la que se expresó deja un vacío preocupante: si desde hace cinco años los salarios están “ajustados”, ¿qué significa exactamente este nuevo análisis? ¿Se trata de una reducción real o de un reciclaje retórico para congraciarse con la opinión pública?
El espejo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parece ser la coartada. Mientras en el máximo tribunal federal los ministros aprobaron un presupuesto 8.1% superior al de 2025 —y con remuneraciones que incluso podrían superar al del presidente de la República, según alertó la ministra Lenia Batres— en Veracruz la expectativa se pinta distinta: un Poder Judicial que asegura renovarse con magistrados electos por voto popular, pero que aún no despeja la sombra de los privilegios.
Impugnaciones pendientes: la legitimidad en juego
Más allá de los sueldos, Rosalba Hernández arrastra la incertidumbre de un proceso electoral inconcluso. Admitió que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será la que tenga la última palabra sobre su triunfo, pues aún podrían existir impugnaciones en su contra. ¿Qué significa esto? Que a menos de dos semanas de la toma de protesta, la futura presidenta no puede garantizar siquiera la estabilidad de su nombramiento. Un Poder Judicial que nace bajo sospecha difícilmente puede aspirar a credibilidad.
Fiscalización: ¿un muro de humo?
En cuanto al manejo de recursos, Hernández Hernández deslindó responsabilidades y aseguró que la revisión de las cuentas corresponde al ORFIS, al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior de la Federación. Pero la respuesta dejó otro hueco: ¿qué papel jugará ella, como futura cabeza del TSJ, en garantizar transparencia? Decir que otros revisan no es lo mismo que comprometerse a rendir cuentas claras.
El antecedente inmediato no ayuda: la magistrada Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, todavía presidenta en funciones, dejó cuentas bajo revisión y un clima de desconfianza institucional. ¿Habrá una auditoría a fondo o sólo un pase de estafeta con los mismos vicios de siempre?
Una institución que nace entre dudas
El 1 de septiembre será el día clave. Si la Sala Superior no despeja las impugnaciones, la designación de Hernández podría convertirse en un arranque accidentado para una administración que pretende legitimarse con la bandera de la austeridad.
El Poder Judicial de Veracruz se enfrenta a un dilema histórico:
- O demuestra con hechos que está dispuesto a cortar privilegios, transparentar recursos y garantizar independencia.
- O confirma lo que muchos sospechan: que se trata del mismo poder de siempre, maquillado con discursos de austeridad y urnas de dudosa credibilidad.
Mientras tanto, la ciudadanía mira con escepticismo un relevo que parece más cargado de promesas vacías que de certezas firmes.
Redacción Reportaje Veracruzano
