El Poder Judicial de Veracruz en ruinas: Juzgados paralizados, derechos alimentarios pisoteados y usuarios condenados al abandono
Xalapa, Ver., 27 de agosto de 2025. – La justicia en Veracruz se encuentra en estado de coma. Mientras las autoridades judiciales se preparan para los discursos de “despedida administrativa” y las ceremonias burocráticas de entrega-recepción, en el interior de los juzgados la realidad es otra: parálisis total, demandas estancadas y un sistema colapsado que, en lugar de proteger derechos, los condena a la indefensión.
Desde el Juzgado Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Xalapa, personal interno rompió el silencio y denunció lo que califican como una “crisis institucional sin precedentes”: decenas de escritos sin radicar, demandas detenidas y, lo más grave, la omisión flagrante en la tramitación de pensiones alimenticias, un derecho de orden público y carácter vital para miles de niñas, niños y adolescentes veracruzanos.
“No se han dado curso a las demandas promovidas; el trabajo está detenido. Esto vulnera directamente los derechos de quienes dependen de la justicia familiar para subsistir”, revelan trabajadores del órgano jurisdiccional.
El costo humano del rezago judicial
La parálisis no es un asunto menor ni meramente administrativo: el incumplimiento de obligaciones alimentarias impacta en la vida real de familias que, en este preciso momento, enfrentan el regreso a clases, el pago de inscripciones, útiles y uniformes escolares.
En palabras de los propios servidores judiciales, lo que está ocurriendo es una traición institucional:
- La pensión alimenticia no es solo comida; incluye vivienda, educación, salud, vestido y desarrollo integral.
- Es un derecho imprescriptible, intransferible, intransigible e inalienable.
- El retraso en su ejecución convierte al Estado en cómplice del incumplimiento del deudor alimentario.
Pese a ello, los expedientes se amontonan, los usuarios esperan y la maquinaria judicial sigue apagada.
Silencio oficial, colapso real
Mientras padres, madres y tutores desesperados ven cómo la ley se convierte en letra muerta, desde los pasillos del Poder Judicial se preparan informes llenos de estadísticas maquilladas y frases huecas sobre “logros administrativos”.
Lo que no se dirá en esos discursos es que, hoy mismo, hay familias en Xalapa y en todo Veracruz a quienes se les niega justicia básica.
Lo que tampoco se reconocerá es que la parálisis actual podría configurar un delito por omisión institucional, al dejar de atender derechos fundamentales en materia de alimentos.
La pregunta que retumba
¿Quién responderá por el hambre, la incertidumbre y la vulneración de derechos que hoy padecen cientos de menores y familias veracruzanas debido a la inacción judicial?
La omisión no es un error burocrático: es un acto de violencia institucional que merece ser investigado y sancionado.
Mientras tanto, la justicia en Veracruz sigue siendo rehén del abandono, de la simulación y de la complicidad silenciosa de sus autoridades.
Redacción Reportaje Veracruzano
