Rafael Delgado en la Mira: Denuncian Abuso de Autoridad, Allanamientos Ilegales y «Siembra» de Evidencia en Operativo Interinstitucional
Rafael Delgado, Ver. – 29 de septiembre de 2025.
Lo que debía ser un operativo de seguridad contra el crimen organizado en la colonia Novillero Chico terminó convertido en un escándalo de presunto abuso de autoridad, saqueo domiciliario y fabricación de culpables. Familiares de dos mujeres detenidas el pasado 26 de septiembre acusan a las fuerzas estatales y federales de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos bajo la sombra de un procedimiento que, según sus testimonios, careció de legalidad.
Las señaladas son María de los Ángeles de Jesús Santos y Alma Yazmín de Jesús Rosas, quienes —afirman los denunciantes— fueron privadas de su libertad sin orden de aprehensión ni pruebas que las vincularan con actividades delictivas. En su versión, policías estatales, marinos, elementos de la Sedena y de la Policía Ministerial irrumpieron en viviendas de la calle José López Portillo, revisaron sin cateo autorizado y, al no encontrar nada incriminatorio, “sembraron” armas y drogas para justificar el arresto.
Saqueo disfrazado de operativo
La denuncia no se limita a la ilegalidad procesal: los familiares aseguran que durante la incursión se registró un auténtico saqueo de pertenencias. Pantallas, motocicletas, ropa, herramientas e incluso una lavadora habrían sido sustraídas de los hogares intervenidos. El saldo incluye además daños materiales en al menos cinco viviendas, dejando a varias familias en la indefensión total.
El grito a la gobernadora Nahle
La acusación de los quejosos va más allá de exigir justicia para sus familiares. Reclaman a la gobernadora Rocío Nahle García que asuma un papel activo en la investigación, pues consideran que detrás de estos hechos se esconde un patrón preocupante: operativos mal planeados, sin control judicial y con resultados que ponen en entredicho la legitimidad de las fuerzas del orden.
Entre sus exigencias destacan:
- Liberación inmediata de las dos mujeres detenidas.
- Devolución de los bienes sustraídos.
- Reparación de los inmuebles dañados.
- Una investigación imparcial que sancione a los responsables de abusos.
¿Seguridad o simulacro?
El caso de Rafael Delgado reabre un debate incómodo: ¿están las fuerzas de seguridad en Veracruz combatiendo al crimen o fabricando culpables para justificar su despliegue? La sombra de la “siembra” de pruebas —una práctica históricamente denunciada en el país— erosiona aún más la confianza ciudadana en las instituciones.
Lo ocurrido el 26 de septiembre no solo es un caso local, sino un síntoma del vacío de legalidad que sigue permeando en operativos conjuntos. La pregunta es inevitable: si se permite que la arbitrariedad sustituya al Estado de derecho, ¿qué queda de la justicia para quienes no tienen poder ni voz?
Redacción Reportaje Veracruzano
