Redacción | Minatitlán, Ver. — La escena fue tan cruda como dolorosa: una madre minatitleca, Macaria Cruz López, se dejó caer a los pies de la gobernadora Rocío Nahle García para suplicar justicia por su hija, víctima de agresión sexual en la secundaria técnica ETI 88.
El episodio, ocurrido durante un acto oficial este martes, no fue un simple reclamo: fue el grito desesperado de una mujer que lleva casi dos años topándose con un muro de indiferencia institucional. Con un cartón improvisado en mano donde se leía “Ayuda ETI 88 Gobernadora” y “Asunto violación”, Macaria rompió el protocolo y expuso, frente a todos, la podredumbre de un sistema de justicia que solo responde cuando las víctimas se humillan en público.
“¡Exijo justicia para mi hija!”, gritó con la voz quebrada. La mandataria estatal, visiblemente incómoda, la ayudó a levantarse junto con el secretario del Trabajo. Pero el gesto político no borra lo esencial: la Fiscalía General del Estado mantiene trabada la investigación desde diciembre de 2022, mientras que la niña y su familia sobreviven a la revictimización y al silencio.
La madre ha señalado directamente a tres maestros por omisión, al no activar protocolos ni notificar de inmediato a las autoridades. Ante la impunidad, en mayo pasado inició una huelga de hambre frente a la Fiscalía Regional, sin obtener respuesta.
Lo sucedido en Minatitlán retrata la miseria del aparato judicial veracruzano: víctimas obligadas a teatralizar su dolor para ser escuchadas, gobernantes sorprendidos por reclamos incómodos y una Fiscalía que se mueve solo bajo presión política o mediática.
El caso de Macaria Cruz y su hija es un recordatorio brutal: en Veracruz, la justicia no se gana en tribunales, se arranca de rodillas en plazas públicas.
Redacción Reportaje Veracruzano
