EJECUCIÓN, SILENCIO Y PODER:
EL CASO REYES ROMERO REVIENTA LA CLOACA POLÍTICA DE TIERRA BLANCA
Por Redacción | Tierra Blanca, Veracruz
La ejecución de Javier Octavio Reyes Romero, alias El Guile, no solo sacudió a Tierra Blanca: volvió a exhibir la podredumbre donde se mezclan sangre, huachicol, amenazas y la larga sombra política de la ex diputada federal morenista Catalina Reyes Romero.
Un crimen brutal seguido de un silencio impuesto a balazos.
Poco después del mediodía del miércoles, en la colonia Hoja de Maíz, un comando abrió fuego contra El Guile justo afuera de su domicilio. No conformes con asesinarlo, los pistoleros levantaron su cuerpo, lo aventaron en su camioneta y desaparecieron.
Horas después, el cadáver apareció despedazado dentro de bolsas negras sobre la autopista La Tinaja. Una escena que define de cuerpo entero el estado de impunidad que gobierna a esta región.
El cuerpo fue reclamado por su hermana, Catalina Reyes Romero, ex regidora, ex diputada federal y pieza clave del morenismo en Tierra Blanca.
Y de inmediato, toda la prensa local enmudeció. Ningún medio de la zona publicó una sola palabra. Las redacciones quedaron paralizadas por amenazas directas de la delincuencia y presiones de la propia familia Reyes Romero, según confirmaron fuentes de la región.
UNA FAMILIA MARCADA POR LA SANGRE… Y POR EL HUACHICOL
Lejos de ser un simple empleado de la CFE, Javier Octavio Reyes Romero tenía viejos vínculos con bandas dedicadas al robo de combustible y al crimen organizado, incluso antes de que Francisco Navarrete Serna —jefe del CJNG en la zona, ejecutado en 2020— dominara la plaza.
El Guile llevaba años fuera de Tierra Blanca. Regresó hace poco, tras haberse escondido luego de la desaparición de otro hermano:
Octavio Ramón Reyes Romero, levantado el 27 de julio de 2016. Nunca volvió a aparecer.
También él estaba ligado al huachicol y su casa —la misma propiedad familiar donde vivía la ex legisladora— era señalada como punto de venta de gasolina robada.
El 2016 fue un año negro para los Reyes Romero:
– el levantón de Octavio Ramón,
– el asesinato de su hijo Octavio Reyes Rivas,
– y el hallazgo de los cadáveres de Lizbeth Mora Santiago y Rosario Rivera Hernández, presuntamente envenenados y abandonados dentro de una camioneta.
Las investigaciones apuntaron a que los jóvenes habían estado en una fiesta en el rancho La Victoria, propiedad de la familia de la ex diputada priista Margarita Corro.
A esos hechos se sumó un mega-operativo de la SEDENA en la casa de la madre de la hoy ex legisladora. Cuando los huachicoleros supieron del cateo, vaciarón miles de litros de gasolina al drenaje, impregnando de olor a hidrocarburo a toda la ciudad.
Tierra Blanca lo recuerda como el día en que literalmente la corrupción apestó todo el municipio.
DEL HUACHICOL A LOS ALTARES DE MORENA
En Tierra Blanca nadie se sorprende cuando se menciona la relación entre Catalina Reyes Romero y grupos dedicados al robo de combustible.
Lo que sí sorprende —y preocupa— es la facilidad con la que su carrera política avanzó dentro de Morena, pese a los señalamientos públicos y a la reputación oscura de su familia.
Fundadora del partido en el municipio, regidora, operadora electoral, protegida de altos liderazgos, Catalina Reyes Romero ascendió sin que nadie pusiera freno a su historial.
En 2021 fue suplente de Angélica Peña Martínez (distrito XIII, Huatusco).
Y cuando Peña dejó el cargo en marzo de 2024 para competir por una diputación local, Catalina Reyes Romero rindió protesta como diputada federal el 2 de abril de 2024, a pesar de los múltiples vínculos incómodos que arrastraba.
En las elecciones municipales pasadas intentó ser candidata a la alcaldía de Tierra Blanca. No lo logró.
Hoy, sin embargo, sigue moviendo sus piezas para convertirse en candidata a diputada federal, y lo hace en medio de una nueva tragedia criminal que vuelve a exponer lo que muchos en el pueblo murmuran, pero que pocos se atreven a decir en voz alta.
EL SILENCIO OBLIGADO DE LA PRENSA: UNA ADVERTENCIA AL ESTADO
Que ningún medio de Tierra Blanca haya publicado un solo renglón sobre el asesinato y levantón del hermano de una ex legisladora es un mensaje directo y peligroso para la gobernadora Rocío Nahle y para el Estado:
Aquí manda la delincuencia.
Aquí calla quien debe callar.
Aquí la prensa sobrevive si obedece.
El crimen de El Guile no es un hecho aislado.
Es la última pieza de un patrón: una familia política atravesada por desapariciones, asesinatos, vínculos con el huachicol, protección institucional y silencios comprados o impuestos.
Mientras tanto, Tierra Blanca continúa pagando el precio de convivir entre el poder político y el poder criminal, líneas que en este municipio llevan años difuminándose hasta volverse prácticamente la misma cosa.
Redacción Reportaje Veracruzano
