En la penumbra del poder: Nahle impulsa jugada sucia para entronizar a Lisbeth Aurelia como fiscal de Veracruz
Xalapa, Veracruz. Se cocina un golpe institucional en Veracruz: la gobernadora Norma Rocío Nahle García estaría moviendo sus piezas para colocar a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como fiscal general interina, y desde esa posición “hacerle una reforma a la medida” para dejarla en el cargo de forma permanente.
De acuerdo con fuentes cercanas a la bancada del PT, la noche del domingo circuló un dictamen que solicitaron diputados locales del mismo partido, y para este martes se prevé una sesión clave para aprobar una reforma constitucional. El plan aparente: nombrar a Jiménez Aguirre como interina de la Fiscalía General del Estado (FGE) —un trampolín para consolidar su ascenso al poder total en esa dependencia.
La maniobra ha desatado fuertes críticas: opositores sostienen que no es un cambio, sino más bien una consolidación de una funcionaria que, según denuncian, “se prestará para todo” y servirá como aliada incondicional de Nahle. Lo más delicado: aseguran que con este movimiento se busca desalojar a Verónica Hernández Giadáns, actual fiscal general, a quien ven como una figura incómoda para el proyecto de poder de la gobernadora.
Piezas del tablero y antecedentes turbios
- ¿Quién es Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre?
- Actualmente preside el Poder Judicial del Estado.
- Su gestión no ha estado exenta de señalamientos. Se le han atribuido denuncias por presunto desvío de recursos y corrupción: en 2024 reconoció que existen investigaciones internas por “irregularidades” por más de 47 millones de pesos, según reportes públicos.
- Analistas ya han advertido que un nombramiento en la Fiscalía podría consolidar “captura política” del sistema de impartición de justicia.
- Además, según reportes recientes, Jiménez Aguirre habría tejido redes de “incondicionales” en el Poder Judicial para empujar su ambición de ser fiscal general.
- ¿Por qué remover a Verónica Hernández Giadáns?
- Hernández Giadáns ha sido cuestionada por su desempeño al frente de la FGE.
- Su salida no sería sin “protección”: según medios locales, se ha hablado de una reforma para tomar el control de la Fiscalía estatal.
- Al dejar el cargo, recibiría seguridad pagada por la FGE durante cuatro años, lo que ya ha generado controversia.
- Además, hay quienes afirman que su continuidad pasa por ser un engranaje del poder político veracruzano, más que por su autonomía real.
- El trasfondo de poder: Cisneros, Nahle y conflictos internos
- Se apunta que detrás de esta jugada está una guerra de facciones: “quitan de una vez a la novia de Eric Patrocinio Cisneros Burgos”, dice la versión de los críticos.
- Cisneros Burgos, ex secretario de Gobierno de Veracruz, ha sido una figura potente en el estado.
- Algunos medios señalan que Jiménez Aguirre podría ser parte de un entramado para consolidar una red de poder judicial afín a Nahle, en detrimento de los intereses de Cisneros o de otros grupos.
Por qué esto es grave
- Si se concreta, no solo será un cambio de titular en la Fiscalía: podría significar la captura institucional de la FGE por parte del poder ejecutivo, en un estado que históricamente ha sufrido crisis de impunidad y debilidad en sus instituciones de justicia.
- La operación política ocurre justo cuando se aprueban reformas constitucionales, lo que puede debilitar los frenos y contrapesos tradicionales.
- Si Jiménez Aguirre logra consolidarse, podría perpetuar redes de complicidades en el poder judicial y en la Fiscalía, algo que ya ha sido denunciado por analistas como un riesgo para la legalidad.
Lo que debe hacer la sociedad civil
- Exigir transparencia en el dictamen: que se publique y debata públicamente el dictamen que plantean los diputados del PT.
- Que organismos de derechos humanos, medios y la ciudadanía monitoreen la sesión de este martes: es un momento clave para el futuro de la justicia en Veracruz.
- Pedir que se investiguen los señalamientos contra Jiménez Aguirre: no es suficiente acusar, debe haber exigencia de rendición de cuentas.
- Fortalecer la participación ciudadana para evitar que Veracruz caiga en un sistema judicial dominado por intereses políticos.
Conclusión: Esta no es solamente una negociación de cargos. Es una jugada estratégica de poder por parte de Nahle para controlar no solo al Poder Judicial, sino también a la Fiscalía. Si se consumara, significaría un retroceso profundo para la autonomía institucional en Veracruz, y una amenaza directa a la posibilidad de una justicia imparcial. La pregunta es: ¿quién detiene esta ambición desmedida?
Redacción Reportaje Veracruzano
