LA PRECANDIDATURA IMPRESENTABLE: EL AVANCE SILENCIOSO DE LISBETH AURELIA Y EL PELIGROSO JUEGO DE PODER QUE AHOGA A VERACRUZ
Xalapa, Ver.— Lo que muchos veían como un rumor de pasillos hoy se ha materializado con descaro: Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, la polémica magistrada cuyo paso por el Poder Judicial dejó heridas abiertas, operadores cuestionados y estructuras a modo, arrancó precampaña rumbo a la gubernatura de Veracruz. Sí, es real. Y lo más grave: este movimiento no surge por mérito, sino por la ingeniería política milimétricamente confeccionada desde el poder para colocarla, primero, al frente de la Fiscalía General del Estado y, luego, proyectarla como sucesora.
El trasfondo es tan contundente como vergonzoso.
Detrás del ascenso de Jiménez Aguirre se esconde una reforma hecha a la medida, aprobada entre sombras en los Congresos federal y local, que permite a la gobernadora remover y designar libremente a la persona titular de la Fiscalía. Pero eso no es lo más alarmante. En la reforma se eliminó el requisito de “no haber participado en alguna elección”, el único candado que impedía que la magistrada —que ya tenía aspiraciones políticas previas— pudiera asumir la Fiscalía sin solicitar dispensa. El traje fue confeccionado, probado y planchado al gusto de una sola persona: Lisbeth Aurelia.
Los conocedores del Derecho lo interpretan como un movimiento de blindaje político, un premio de consolación por no haber logrado mantener el control del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, fuentes internas del Poder Judicial aseguran que Jiménez Aguirre nunca perdió realmente ese control: lo trasladó. Antes de dejar la presidencia, creó el Órgano de Administración Judicial, un aparato que dejó cercado a su sucesora, Rosalba Hernández Hernández, y en el que instaló a sus dos operadores más polémicos: Antonio Sobrevilla Castillo y Víctor Luis Priego López, señalados no solo por presuntos desfalcos millonarios, sino también por acusaciones de delitos sexuales contra mujeres.
No son rumores. Es un esquema vivo, vigente, con tentáculos que aún manejan recursos, nóminas y decisiones internas del Poder Judicial.
Y mientras eso ocurre, Jiménez Aguirre sonríe en precampaña.
La gobernadora Rocío Nahle, en su afán por mantener alianzas funcionales, parece no advertir el tamaño de la amenaza que ha incubado bajo su propio techo. La relación entre ambas se consolidó, según versiones internas, cuando Lisbeth Aurelia entregó en bandeja el control del Poder Judicial, traicionando la confianza de su entonces jefe político, Cuitláhuac García. Desde entonces, opera con autonomía, respaldo y estrategia propia. Hoy, con el apoyo velado de la mandataria, busca controlar dos poderes del Estado: el Judicial y el Ejecutivo, pasando por la Fiscalía como llave maestra.
Si logra llegar a la FGE, Jiménez Aguirre no solo sería fiscal a modo: sería una operadora con poder para desequilibrar políticamente a quien la impulse. En un escenario extremo —pero nada improbable— podría incluso encabezar un proceso de remoción de mandato contra la propia gobernadora.
Ese es el sueño largamente acariciado por su padrino político: Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien desde hace años ha intentado gobernar Veracruz por la puerta grande o por la trasera.
Hoy, el tablero está montado, las piezas en posición y la jugada en marcha.
La pregunta es simple: ¿no lo ve el equipo de Nahle, o no lo quiere ver?
Es momento de que la gobernadora escuche el viejo refrán: “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”.
Y más aún: que empiece a cortarlas. Porque Lisbeth Aurelia no solo ha puesto las suyas: ya está enredada en las de la gobernadora, avanzando con una ambición que muchos describen como desmedida, peligrosa y abiertamente desestabilizadora.
Los asesores de Rocío Nahle deberían presentarse de inmediato.
Porque si nadie ha detectado lo que ya es grotescamente evidente, alguien más está a punto de jurar lealtad… a quien antes de dormir seguramente repite: “ya me vi”.
