BONOS, PROPAGANDA Y LODO: CUANDO EL DISCURSO OFICIAL SE DESMORONA

Columna de opinión

Hay momentos en los que el poder no solo falla: se exhibe. Y cuando eso ocurre, no basta la propaganda, ni los boletines optimistas, ni las fotografías mal armadas. La realidad —cruda, documentada y persistente— termina por abrirse paso. Eso es exactamente lo que hoy enfrenta el gobierno estatal en dos frentes que confluyen en un mismo punto: la falta de seriedad, de ética y de respeto hacia quienes sostienen al Estado desde abajo.

El primero es el escándalo del bono de fin de año para los trabajadores de la Secretaría de Salud. No se trata de una dádiva ni de un favor político: es un derecho laboral. Dinero que ya pertenece a quienes, durante todo el año, han mantenido en pie hospitales colapsados, unidades médicas sin insumos y turnos interminables. Pretender “administrar” ese recurso de otra forma, retrasarlo o disfrazarlo, no solo es una torpeza política: huele a intento de malversación. 

Cerca de 300 millones de pesos no se evaporan solos. Y, hasta hoy, nadie ha dado la cara para explicar quién intentó meter mano a ese dinero ni con qué propósito.

La pregunta es incómoda pero obligatoria: ¿cómo puede un gobierno que se dice distinto permitir que sus trabajadores lleguen a diciembre con el temor de ser despojados de su bono? ¿Quién fue el responsable de esa maniobra y por qué sigue en la sombra?

Peor aún fue el intento de salir del atolladero con propaganda burda. Fotografías recicladas, personajes que ni siquiera pertenecen a la nómina estatal, servidores federales presentados como empleados de Salud y sonrisas forzadas para simular agradecimiento. 

No es solo un insulto a la inteligencia pública; es una falta de respeto a los verdaderos trabajadores del sector, aquellos que sí estuvieron a punto de quedarse sin su dinero y que tuvieron que movilizarse para evitarlo.

La comunicación social, en lugar de aclarar, terminó agravando el problema. Porque cuando el engaño es tan evidente, el mensaje se revierte: ya no se discute si hubo o no intención de abuso, sino la absoluta incapacidad para sostener una versión creíble. Hasta para mentir se necesita rigor.

Y mientras el gobierno se enreda en bonos y montajes, el norte de Veracruz sigue hundido —literalmente— en el abandono. A casi tres meses de las inundaciones que devastaron comunidades indígenas de la Huasteca Alta, la ayuda estructural simplemente no llega. No basta con haber repartido despensas en el momento de la emergencia. Hoy hay cerros desgajados, caminos destruidos, viviendas inhabitables y familias enteras que lo perdieron todo.

Ahí está el testimonio directo, documentado, sin edición oficial ni música triunfalista: comunidades de Ilamatlán y Zontecomatlán sepultadas por el lodo, puentes colapsados, hogares borrados del mapa. Lo que muestran esos videos tiene más fuerza que cualquier spot gubernamental porque no mienten. Y porque contrastan brutalmente con el discurso que insiste en que “todo está atendido”.

El problema no es solo la omisión. Es la negación. Decir que la emergencia está superada cuando decenas de comunidades siguen esperando apoyo para reconstruir sus casas y caminos no es optimismo: es cinismo. Y cuando ese cinismo se ejerce sobre poblaciones indígenas, históricamente marginadas y altamente vulnerables, la falla adquiere 

una dimensión ética mucho más grave.

Un gobierno que se autodefine como humanista no puede administrar derechos laborales como si fueran concesiones políticas ni puede declarar cerrada una tragedia mientras el lodo sigue dentro de las casas. La congruencia no se declama: se demuestra.

Hoy, la realidad le está pasando factura al discurso. Y no hay fotografía vieja, funcionario reciclado ni eslogan que alcance para tapar bonos retenidos, hospitales carentes y comunidades olvidadas. La pregunta ya no es si el gobierno puede sostener su narrativa. La pregunta es cuánto tiempo más podrá ignorar lo evidente sin que el costo político y social sea irreversible.

Columna Reportaje Veracruzano