Mixtla en disputa: alcaldesa electa acusa aval legislativo para rematar patrimonio municipal
Mixtla de Altamirano, Ver.— A semanas del relevo en el Ayuntamiento, el municipio de Mixtla de Altamirano se ha convertido en escenario de una confrontación política de alto voltaje. La alcaldesa electa, Celia García Rodríguez, lanzó un señalamiento directo contra el diputado local Paul Martínez Marie, a quien responsabiliza de haber permitido la subasta de 13 vehículos oficiales, una decisión que —afirma— compromete de forma grave el patrimonio municipal.
El señalamiento no es menor. Martínez Marie preside la Comisión Permanente de Hacienda Municipal del Congreso de Veracruz, instancia que habría autorizado la enajenación de los vehículos justo en la recta final de la administración encabezada por la aún presidenta municipal Norma Estela Hernández Sánchez.
“No seré cómplice”, advierte la alcaldesa electa
Desde sus redes sociales, García Rodríguez fijó una postura que marca distancia con la administración saliente y con quienes, desde el Poder Legislativo, avalaron la operación. Aseguró que su gobierno no encubrirá presuntas irregularidades y que, por el contrario, promoverá la revisión exhaustiva de las decisiones tomadas en los últimos meses del actual ayuntamiento.
La futura alcaldesa reconoció que asumir esta postura implica riesgos personales y familiares, pero subrayó que su responsabilidad está con la ciudadanía y con la defensa de los bienes públicos de Mixtla.
Presión ciudadana en el Congreso
Lejos de limitarse al discurso, García Rodríguez trasladó el conflicto al Congreso del Estado. Acompañada de ciudadanos y agentes municipales, acudió a la sede legislativa para exigir explicaciones y revisión de los actos administrativos que permitieron la subasta.
Durante su visita sostuvo encuentros con integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, así como con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista Hernández, y la diputada Ana Rosa Valdés, ante quienes solicitó formalmente que se investigue si la autorización otorgada se ajustó a la legalidad y al interés público.
El fondo del conflicto: el cierre de administraciones
El caso reaviva una práctica recurrente en municipios veracruzanos: decisiones de último momento que comprometen recursos, bienes o finanzas justo antes del cambio de gobierno. Para la alcaldesa electa, permitir la subasta de vehículos en este contexto no es un trámite administrativo, sino un acto que hipoteca la capacidad operativa de la siguiente administración.
García Rodríguez insistió en que su gobierno tendrá como ejes la transparencia y la rendición de cuentas, y advirtió que no permitirá que el cierre del actual ayuntamiento deje a Mixtla con menos herramientas y más dudas.
Mientras tanto, la pelota está en la cancha del Congreso. La revisión —o el silencio— marcará no solo el futuro político de los involucrados, sino también el mensaje que se envía a los municipios sobre hasta dónde llega la permisividad institucional cuando el poder está por cambiar de manos.
Redacción Reportaje Veracruzano
