CUANDO LA PRIMICIA SE VUELVE SOSPECHA: EL CASO RAFAEL LEÓN Y EL PELIGROSO PRECEDENTE CONTRA EL PERIODISMO EN VERACRUZ
Por Reportaje Veracruzano
30 de diciembre de 2025
El proceso penal iniciado contra el reportero de nota roja Rafael “Lafita” León marca un punto de inflexión preocupante para el ejercicio del periodismo en Veracruz. Más allá de la situación personal del comunicador, el fondo del caso plantea una interrogante de enorme trascendencia pública: ¿puede el Estado convertir las prácticas periodísticas en indicios de criminalidad?
La respuesta que hoy parece ensayar la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz es inquietante.
UNA IMPUTACIÓN QUE DESBORDA LOS LÍMITES DEL DERECHO PENAL
A la acusación inicial por el delito de terrorismo —figura que incluso autoridades federales y estatales han reconocido como inaplicable— se suma ahora un señalamiento aún más delicado: la presunta vinculación del reportero con el crimen organizado, sustentada en criterios endebles, interpretaciones forzadas y una lectura profundamente errónea del ejercicio periodístico.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la Fiscalía pretende atribuir responsabilidad penal a Rafael León por dos elementos centrales:
Su presunta relación con la colocación de narcomantas.
El hecho de haber llegado antes que las autoridades a diversas escenas del crimen.
Este razonamiento no solo resulta jurídicamente cuestionable, sino que criminaliza una práctica esencial del periodismo: la obtención de información oportuna y exclusiva.
EL “OK” QUE LA FISCALÍA PRETENDE TRANSFORMAR EN PRUEBA
Uno de los pilares de la imputación es un mensaje de WhatsApp que el reportero recibió, en el cual se le alertaba de la localización de un cuerpo sin vida. Rafael León respondió con un escueto “ok”.
Para la Fiscalía, esa respuesta constituye un indicio de conocimiento previo del hecho delictivo y, por tanto, una base para imputarle responsabilidad penal.
Desde una perspectiva jurídica y periodística, este razonamiento es alarmante: se pretende convertir un acto comunicativo neutro en una prueba incriminatoria, sin elementos adicionales que acrediten participación, planeación o colaboración en el delito.
UNA CONFUSIÓN DELIBERADA ENTRE INFORMAR E INVESTIGAR
El argumento ministerial va aún más lejos al sostener que el reportero debió notificar al 911, como si dicha acción constituyera una obligación legal para un periodista. Bajo este criterio, la omisión de esa llamada se interpreta como una forma de participación delictiva.
Este enfoque resulta particularmente grave porque confunde deliberadamente el rol del periodista con el de las autoridades de investigación criminal.
El periodismo no tiene funciones ministeriales.
No investiga para consignar.
No actúa como auxiliar del Ministerio Público.
Exigirlo y sancionar su incumplimiento con cárcel implica una alteración peligrosa del equilibrio entre Estado, prensa y sociedad.
EL “PITAZO” COMO DELITO: UN PRECEDENTE INADMISIBLE
Dentro del gremio periodístico es ampliamente conocido que reporteros reciben con frecuencia avisos, llamadas o mensajes —los llamados “pitazos”— que permiten documentar hechos de interés público, muchas veces antes de que las propias autoridades tengan conocimiento formal.
Equiparar esta práctica con complicidad criminal no solo desconoce la realidad del ejercicio periodístico, sino que establece un precedente que coloca a todo comunicador bajo sospecha permanente.
Si la primicia se convierte en indicio penal, el periodismo de investigación queda jurídicamente indefenso.
UN CONTEXTO POLÍTICO QUE AGRAVA EL CASO
El proceso ocurre en medio de una evidente contradicción institucional:
La presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que en México no existe terrorismo.
La gobernadora Rocío Nahle negó igualmente la existencia de dicho fenómeno y anunció una revisión del marco penal, reconociendo implícitamente el uso incorrecto del tipo penal.
Pese a ello, la Fiscalía de Veracruz mantiene la imputación, evidenciando una desconexión preocupante entre el discurso político y la actuación ministerial.
UN EXPEDIENTE FRÁGIL Y UNA ACUSACIÓN DE ALTO RIESGO DEMOCRÁTICO
La defensa ha denunciado un expediente mal integrado, con:
Testigos protegidos sin respaldo probatorio sólido
Señalamientos económicos sin trazabilidad financiera
Interpretaciones subjetivas elevadas a categoría de prueba
El riesgo es evidente: el derecho penal está siendo utilizado no para esclarecer delitos, sino para ensayar mecanismos de control sobre el ejercicio informativo.
LO QUE SE DEFINE NO ES UN CASO, ES UN DERECHO
Este martes 30 de diciembre se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Periodistas del sur de Veracruz han anunciado movilizaciones no solo en respaldo a Rafael León, sino en defensa del derecho colectivo a informar.
Porque lo que se juega en este proceso no es únicamente la libertad de un reportero, sino la vigencia de un principio fundamental:
Que informar no sea considerado un delito.
Que llegar primero no implique ir a prisión.
VERACRUZ ANTE UNA DECISIÓN HISTÓRICA
Si la Fiscalía logra imponer el criterio de que la primicia periodística es un indicio criminal, el mensaje será devastador:
en Veracruz, investigar puede costar la libertad.
El caso Rafael León exige una revisión seria, técnica y responsable.
No hacerlo significará abrir la puerta a un escenario donde el periodismo opere bajo amenaza permanente, y donde la justicia deje de perseguir delitos para comenzar a perseguir verdades.
Redacción Reportaje Veracruzano
