Golpe a la legalidad en Fortín: exalcalde se atrinchera en el Palacio Municipal y bloquea la transición del poder
Fortín, Ver.— Lo que debía ser un trámite institucional se convirtió en un acto abierto de desacato. El exalcalde de Fortín, Gerardo Rosales, se negó a entregar las oficinas del Palacio Municipal y bloqueó el acceso al nuevo Presidente Municipal, incurriendo —según denuncian ciudadanos y actores políticos— en una violación flagrante a la ley y una posible usurpación de funciones.
La escena es inédita y alarmante: un exfuncionario sin atribuciones legales vigentes ocupando espacios de gobierno, reteniendo oficinas públicas y condicionando la entrega del poder a la elaboración de un acta “más tarde”, como si la legalidad fuera un trámite personal y no un mandato constitucional.
El nuevo alcalde fue impedido de ingresar a la oficina de la Presidencia Municipal. La justificación del exedil no convenció a nadie. La pregunta es inevitable:
¿Qué se está ocultando?
¿Qué documentos no quieren que se revisen hoy?
¿Qué se pretende modificar, borrar o acomodar antes de soltar el poder?
La tensión escaló cuando ciudadanos se manifestaron públicamente, exigiendo la intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que haga cumplir la ley y desaloje a quien ya no tiene ninguna facultad legal para permanecer en el Palacio Municipal.
El acto no es menor. Retener el poder fuera del marco legal no es una anécdota administrativa: es una señal peligrosa de autoritarismo, de desprecio por el estado de derecho y de una transición que, lejos de ser transparente, levanta sospechas graves sobre el manejo final de la administración saliente.
Fortín no merece un cierre de gobierno en la oscuridad.
La ley es clara: el poder se entrega, no se negocia ni
se condiciona.
Hoy la responsabilidad recae también en las autoridades estatales. Si no actúan, el mensaje será devastador: que en Veracruz un exalcalde puede desafiar la ley, atrincherarse en un Palacio Municipal y decidir cuándo —y cómo— entregar el gobierno.
La pregunta final queda en el aire, incómoda pero necesaria:
¿Quién protege al exalcalde… y por qué?
Redacción Reportaje Veracruzano
