Xalapa, Veracruz.— En un estado donde ejercer el periodismo implica riesgo real y permanente, la forma en que las instituciones comunican puede marcar la diferencia entre la protección y la revictimización. Bajo esa premisa, la diputada local Bertha Ahued Malpica, presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas del Congreso local, lanzó un señalamiento directo: la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) debe definir con urgencia lineamientos claros para emitir comunicados sin vulnerar los derechos humanos de comunicadores que han sido agredidos.
El llamado no es menor ni retórico. Ahued advirtió que, en el afán de informar o deslindarse, las instituciones olvidan con frecuencia que del otro lado hay víctimas, familias y contextos de violencia que no pueden tratarse con ligereza administrativa ni lenguaje frío.
“Tenemos que revisar cómo se habla y cómo se declara, porque desgraciadamente se olvidan los derechos humanos”, sostuvo, al tiempo que planteó la necesidad de una reunión formal con la CEAPP para corregir prácticas que hoy resultan dañinas.
El caso Poza Rica: cuando el protocolo no existe o nadie lo entiende
El posicionamiento ocurre en medio de la indignación generada por el asesinato del periodista Carlos Ramírez Castro, ocurrido el pasado 8 de enero en Poza Rica, y por las versiones contradictorias en torno a las medidas de protección que presuntamente le habrían sido retiradas.
Para la legisladora, el fondo del problema es aún más grave: las y los periodistas no saben con claridad qué hacer ni a quién acudir cuando enfrentan una situación de riesgo. No hay protocolos socializados, no hay rutas claras, no hay certeza.
“Necesitamos saber cuál es el procedimiento a seguir, porque luego no se sabe. Este muchacho se fue, luego regresó, y pudo haber dicho ‘hasta aquí’, y eso derivó en que ni la propia CEAPP supiera”, expresó, dejando al descubierto un vacío institucional alarmante.
La declaración desnuda una falla estructural: un mecanismo de protección que no acompaña, no da seguimiento y no garantiza comunicación efectiva con quienes se supone debe proteger.
Reuniones pendientes y responsabilidades urgentes
Bertha Ahued recordó que ya se había acordado sostener encuentros entre el Poder Legislativo y la Comisión de Atención y Protección a Periodistas, por lo que anunció que buscará al presidente del organismo autónomo, Luis Ramírez Vaqueiro, para exigir claridad, protocolos definidos y una política de comunicación que no lastime a las víctimas.
En Veracruz, donde los periodistas no solo informan sino que sobreviven, no basta con tener organismos de protección en el papel. La forma de comunicar, de acompañar y de actuar también puede matar… o salvar. Y hoy, la CEAPP está obligada a revisar de qué lado de la historia quiere estar.
Redacción Reportaje Veracruzano
