CERESO DE TUXPAN: NUEVE MUERTOS, SILENCIO OFICIAL Y UNA QUEJA QUE SUBE A LA CNDH
El motín que desnudó el colapso penitenciario en Veracruz sigue sin responsables claros; la investigación apenas comienza mientras las víctimas se acumulan
Xalapa, Ver.— Nueve personas muertas, más de una docena de heridos y un penal fuera de control. Ese es el saldo del motín ocurrido el 2 de agosto de 2025 en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, un episodio que hoy escala a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no por voluntad política, sino por la gravedad insoslayable de los hechos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó que la queja iniciada de oficio fue atraída por el organismo nacional y permanece en integración.
La encargada de la CEDH, Minerva Regina Pérez, aseguró en comparecencia que desde el primer momento se desplegó presencia institucional y que, junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se realizaron acciones para restablecer el orden.
Permanecieron en el penal —dijo— hasta lograrlo. Sin embargo, la pregunta que flota es inevitable: ¿cómo se llega a nueve muertes dentro de un centro que, por definición, debe estar bajo control absoluto del Estado?
Tras el motín, la SSP emprendió una serie de visitas a los Centros de Reinserción Social, con participación de personal de la Comisión para verificar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. El gesto, aunque necesario, llega tarde y suena a reacción más que a prevención. Porque el problema no es la inspección posterior, sino la omisión previa.
La entonces fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, informó que cinco de las personas fallecidas eran de origen guatemalteco. El dato añade una dimensión internacional al caso y obliga a una revisión aún más estricta de protocolos, custodias, inteligencia penitenciaria y cooperación consular. ¿Existían alertas? ¿Había hacinamiento, autogobierno, armas, complicidades? ¿Quién falló y cuándo?
La atracción del expediente por la CNDH es un reconocimiento implícito de que lo ocurrido en Tuxpan rebasa lo local. No se trata de un “incidente”, sino de una tragedia con responsabilidades potenciales en cadena. La integración de la queja deberá responder, sin ambigüedades, si hubo violaciones a derechos humanos por acción u omisión del Estado y si las medidas adoptadas después del motín corrigen las causas estructurales o sólo maquillan el desastre.
En Veracruz, los penales no pueden seguir siendo cajas negras donde la violencia estalla y luego se archiva en comunicados. Nueve muertos exigen más que presencia institucional y visitas de verificación: exigen verdad, sanciones y una reforma penitenciaria real. Lo contrario sería normalizar la muerte bajo custodia del Estado. Y eso, además de inadmisible, es una confesión de fracaso.
Redacción Reportaje Veracruzano
