El tabú se ha roto. En un acto de valentía judicial que sacude los cimientos de un sistema legal a menudo arrodillado ante la ideología, el juez Reynold Elguezabal Dávila ha dictado un precedente que cambiará la historia del derecho familiar en México: la vinculación a proceso de la doctora Estela de Casso. No por una «disputa parental», no por un «malentendido», sino por violencia vicaria.
El mito del «género único» se desmorona
Durante años, grupos de presión han intentado secuestrar el término «violencia vicaria», pretendiendo que el dolor de un hijo utilizado como arma es patrimonio exclusivo de un género. Hoy, la justicia de Coahuila dice BASTA. Tras una audiencia maratónica de seis horas, las pruebas fueron demoledoras. No bastaron los gritos de las colectivas ni los comunicados victimistas; el juez encontró lo que la ley exige: evidencia de daño.
La doctora De Casso, quien ahora deberá firmar mensualmente ante un juzgado, no es solo una procesada; es el símbolo de una realidad que muchos se niegan a ver: la madre también puede ser el verdugo psicológico de sus hijos para destruir al padre.
Jhony Robles: La cara del padre que no se rindió
El caso de Jhony Robles no es el de un «agresor» como intentan etiquetarlo desesperadamente las colectivas para salvar su narrativa. Es el caso de un hombre que, tras ser impedido sistemáticamente de ver a sus hijos, decidió que el silencio no era una opción.
El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria ha salido a calificar esto como un «error jurídico», alegando que la ley es solo para ellas. Pero, ¿desde cuándo la protección de un niño depende de lo que el agresor tenga entre las piernas? Al intentar reducir este caso a una simple «obstrucción parental», las colectivas buscan minimizar un crimen atroz: el uso de los hijos como rehenes emocionales.
El secuestro de la justicia por el dogma
Es visceral y vergonzoso ver cómo, ante una resolución judicial basada en pruebas, la respuesta de los grupos feministas sea vaciar de contenido la ley cuando esta no les favorece. Dicen que se «revictimiza a las mujeres», pero callan ante la victimización real de los menores que han sido privados del derecho fundamental de crecer con su padre.
Este proceso contra Estela de Casso no es un ataque al feminismo; es una victoria para la infancia. Es el recordatorio de que la maldad no tiene sexo y que la justicia, cuando es ciega de verdad, no mira agendas políticas, sino el bienestar superior del menor.
¿Justicia igualitaria o impunidad selectiva?
El mensaje enviado desde Saltillo es una advertencia inquisidora para quienes creen que el título de «madre» otorga una patente de corso para el maltrato psicológico y la alienación. La restricción impuesta a De Casso para acercarse a sus hijos y a su expareja es el primer paso para sanar una herida que la ideología pretendía mantener abierta.
Hoy, la violencia vicaria ha perdido su blindaje ideológico. En Coahuila, la ley se escribe con «L» de Libertad y con «H» de Hijos, no con los caprichos de quienes pretenden estar por encima de la justicia humana.
Dato de investigación adicional: Según fuentes judiciales en Coahuila, este caso podría abrir la puerta a más de 40 carpetas de investigación similares donde padres de familia han denunciado el uso de falsas denuncias de género como estrategia para impedir la convivencia, una táctica que ahora, bajo este precedente, será castigada como lo que es: un delito grave.
Redacción Reportaje Veracruzano
