Veracruz, Ver.— La aplicación de la ley volvió a generar más dudas que certezas. Transportistas de la línea Ulúa denunciaron el retiro y resguardo de sus unidades por parte de Transporte Público del Estado, aun cuando —afirman— se encontraban trabajando con normalidad y cobrando la tarifa autorizada de 15 pesos, sin paros, sin bloqueos y sin desobedecer instrucción alguna.
De acuerdo con operadores y concesionarios, la mañana transcurría sin incidentes cuando elementos estatales comenzaron a escoltar camiones en operación hacia el Auditorio Benito Juárez, donde quedaron bajo resguardo oficial. La escena, aseguran, tomó por sorpresa tanto a choferes como a usuarios, quienes quedaron varados en distintas rutas sin explicación clara.
El reclamo es directo: no los dejaron trabajar, pese a haber acatado lo establecido.
“Ya estábamos dando el servicio, cobrando lo que se autorizó, no detuvimos rutas ni hicimos protestas, y aun así nos retiraron las unidades”, relataron operadores afectados.
El retiro de los camiones no solo generó incertidumbre en el gremio, sino también una afectación inmediata a la ciudadanía, que vio reducida la disponibilidad del transporte urbano en plena jornada laboral. Para los transportistas, la medida resulta desproporcionada e incomprensible, pues aseguran no haber incurrido en ninguna falta administrativa.
Además del impacto operativo, los concesionarios advierten pérdidas económicas y un creciente clima de tensión con las autoridades, al considerar que este tipo de acciones castigan a quienes sí cumplen, mientras se envía un mensaje contradictorio al sector.
Hasta el cierre de esta edición, Transporte Público del Estado no ha emitido una explicación oficial detallada sobre las causas específicas del aseguramiento ni el tiempo que las unidades permanecerán retenidas en el Auditorio Benito Juárez. El silencio institucional solo ha incrementado el malestar.
Los transportistas de la línea Ulúa exigieron diálogo inmediato y claridad, advirtiendo que este tipo de operativos, lejos de ordenar el servicio, profundizan el conflicto y afectan directamente a los usuarios, quienes terminan pagando las consecuencias de decisiones que, hasta ahora, carecen de justificación pública.
Redacción Reportaje Veracruzano
