Veracruz, Ver.— El conflicto entre concesionarios del transporte público y el Gobierno de Veracruz escaló este jueves a un punto crítico: mientras los camioneros dicen estar abiertos al diálogo, en los hechos optaron por una medida de fuerza que impactó directamente a miles de ciudadanos al paralizar rutas clave en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río–Medellín.
La advertencia de la gobernadora Rocío Nahle García fue clara y pública: no existe autorización para incrementar la tarifa del transporte público, ni en el puerto ni en el resto del estado. Aun así, concesionarios y choferes ignoraron el llamado y avanzaron con acciones que, más que abrir una mesa de negociación, cerraron el paso a la movilidad y a la actividad económica.
El aumento que “no existió”, pero sí se cobró
Pese a negar que se haya aplicado un ajuste tarifario, usuarios denunciaron el cobro de 12 pesos por pasaje, sin respeto a descuentos obligatorios para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad. El episodio más grave se registró cuando un chofer obligó a descender a una mujer con discapacidad, hecho que generó indignación social y evidenció el trasfondo del conflicto: el abuso al usuario como herramienta de presión.
Costos reales vs. servicio precario
Los concesionarios argumentan alzas en combustibles, refacciones y gastos operativos, razones que, en el papel, son comprensibles. Nadie niega que el sector enfrente incrementos reales ni que los choferes aspiren a mejores ingresos. Sin embargo, el reclamo social es contundente: no se puede exigir un aumento del 30% en la tarifa cuando el servicio sigue siendo deficiente, con unidades obsoletas, sin mantenimiento adecuado y con un historial de accidentes y decesos que no se ha atendido.
Si el negocio fuera inviable —cuestionan usuarios— las concesiones ya habrían sido abandonadas. La realidad indica lo contrario: el transporte público sigue siendo rentable, pero la inversión en modernización no ha llegado.
Concesiones: un bien público, no un botín
El fondo del debate va más allá de los pesos y centavos. Las concesiones no son propiedad de los camioneros, sino del pueblo de Veracruz, y su administración recae en la autoridad estatal. Bajo esa lógica, cualquier ajuste debe surgir del diálogo institucional, no de la presión ni del chantaje colectivo.
En otros momentos de la historia reciente, gobiernos más firmes enfrentaron este tipo de bloqueos garantizando la movilidad ciudadana mientras se revisaban concesiones y se aplicaba la ley. Hoy, la disyuntiva es clara: o se construye un acuerdo responsable sin afectar a la población, o se confirma que el “diálogo” es solo una palabra usada para justificar la parálisis.
El mensaje ciudadano
La mayoría de los veracruzanos entiende que un incremento podría ser viable, pero solo a cambio de un servicio digno, seguro y moderno. Lo que no acepta es pagar más por lo mismo —o por menos— ni convertirse en rehén de disputas donde el usuario es el primero en perder.
El reto para el gobierno y para los concesionarios está sobre la mesa: resolver con diálogo real, sin presión pública y con el interés colectivo por delante. Todo lo demás, advierten los ciudadanos, es abuso.
Redacción Reportaje Veracruzano
