CARRANZA SE HARTA: MOTOCICLISTAS ESTALLAN CONTRA COBROS INFLADOS Y EL CERCO POLICIAL DEL ESTADO
Jesús Carranza, Veracruz. — La calle habló donde el escritorio calla. Más de un centenar de motociclistas tomó el frente del palacio municipal para denunciar lo que califican como un atraco administrativo y un acoso policial sistemático que, lejos de ordenar, asfixia a quienes viven al día. El detonante: un trámite de emplacamiento que, en la práctica, duplica su costo oficial y se convierte en un laberinto diseñado para castigar al trabajador.
El emplacamiento, dijeron, no cuesta 980 pesos como marca la tarifa oficial. Cuesta casi 1,900 cuando se suman derechos, recargos por “antigüedad” y sanciones administrativas. Una cifra que, para muchos, equivale a una semana de ingresos.
¿Regularizar o comer? Esa fue la pregunta que se escuchó en la protesta.
Los manifestantes exigieron la intervención inmediata del alcalde Ranferi Plata Rodríguez ante la Oficina de Hacienda del Estado para frenar multas y recargos y detener la presión para emplacar “a cualquier costo”. Porque, afirmaron, la regularización llegó acompañada de un endurecimiento policiaco: retenes, revisiones selectivas y una vigilancia que —denuncian— roza el hostigamiento.
La trampa no termina en el pago. Para acceder al trámite se les exige, presuntamente, constancia de situación fiscal actualizada, RFC emitido por el SAT y licencia vigente. Requisitos que, en un municipio con alta informalidad laboral, expulsan a buena parte de la población del sistema. Cumplirlos implica perder días de trabajo y gastar más dinero: el SAT está en Coatzacoalcos y la delegación de Tránsito para la licencia, en Acayucan. Kilómetros, tiempo y pasajes que nadie reembolsa.
La protesta puso el dedo en la llaga: un Estado que cobra como metrópoli pero atiende como periferia. Por eso, la exigencia fue clara y concreta: instalar un módulo de atención en Jesús Carranza para realizar el emplacamiento de forma local, sin peregrinajes ni costos ocultos. Facilitar, no castigar. Ordenar, no exprimir.
El mensaje final fue un ultimátum cívico: revisen los cobros, bajen los requisitos, detengan el acoso. Porque cuando la legalidad se convierte en una carrera de obstáculos y la autoridad en amenaza, la ley deja de ser solución y se vuelve problema. Y Carranza, hoy, ya dijo basta.
Redacción Reportaje Veracruzano
