350 GRITOS EN UN MES: LA CEDH CONFIESA LA CRISIS, PERO SIGUE DEBIENDO RESULTADOS

Xalapa, Veracruz. — Los números no mienten, pero tampoco absuelven. Más de 350 solicitudes por presuntas violaciones a derechos humanos en solo enero exhiben una realidad incómoda: en Veracruz, la vulneración de derechos no es excepción, es rutina.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) lo reconoce en cifras, pero su respuesta —diagnósticos, reingenierías y capacitaciones— vuelve a encender la pregunta de fondo: ¿cuántas víctimas más hacen falta para que la prevención deje de ser discurso y se vuelva eficacia?
La presidenta del organismo, Minerva Regina Pérez López, confirmó que ese volumen de atenciones —orientaciones, gestiones y acompañamientos— es el promedio mensual. Dicho sin eufemismos: la emergencia es permanente. Si cada mes se acumulan cientos de casos, el problema no es coyuntural ni administrativo; es estructural. Y cuando la demanda ciudadana se mantiene intacta año con año, la promesa de “ajustes internos” suena a pausa burocrática, no a solución.
Para 2026, la CEDH anuncia un diagnóstico interno y “reingenierías” para mejorar procesos. El planteamiento reconoce fallas, pero evade el balance crítico: ¿por qué esos cambios no se hicieron antes? ¿Cuántas recomendaciones quedaron en el archivo? ¿Cuántas dependencias reinciden sin consecuencias? El propio organismo admite que necesita fortalecer la vinculación con instituciones para dar seguimiento a sus recomendaciones. Traducido: no están siendo atendidas como deberían.
El eje preventivo vuelve a colocarse en la capacitación a servidores públicos. Capacitar es necesario; suficiente, no. Porque el problema no es solo desconocimiento, sino impunidad. Un curso no detiene abusos si no hay sanción; un taller no repara víctimas si no hay cumplimiento. La pedagogía sin dientes educa poco y disuade nada.
La CEDH insiste en que la atención a las víctimas seguirá siendo central y promete acercar servicios a comunidades alejadas. Bien. Pero la realidad exige más que promesas: exige tiempos, metas y responsables. Exige saber cuántas solicitudes derivan en recomendaciones, cuántas se cumplen, cuántas reincidencias se castigan. Sin ese corte de caja, la estadística termina siendo un registro del fracaso, no una hoja de ruta.
Veracruz no necesita otra capa de diagnóstico; necesita impacto medible. Porque 350 solicitudes en un mes no describen solo el trabajo de la CEDH: describen un estado donde los derechos se vulneran con demasiada facilidad y donde la respuesta institucional llega tarde o se queda corta. El desafío está claro. Lo que falta es que la defensa de los derechos deje de administrarse y empiece a imponerse.
Redacción Reportaje Veracruzano



