Prometieron finanzas sanas, pero la ASF exhibe más de 3 mil millones en irregularidades en Veracruz
La Cuenta Pública 2024 revela millonarias observaciones en el último año del gobierno estatal y de los 212 ayuntamientos
Xalapa, Ver.— El discurso de orden y disciplina financiera contrasta con los números que hoy exhibe la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La tercera entrega de la Cuenta Pública 2024 revela que el último año de gobierno en Veracruz acumuló más de 3 mil millones de pesos en irregularidades del gasto federalizado.
El monto observado corresponde al ejercicio fiscal 2024, periodo que coincide plenamente con el último año de la administración estatal encabezada por Cuitláhuac García, así como con el cierre de los 212 ayuntamientos del estado.
Del total señalado por la ASF, más de 712 millones de pesos corresponden a dependencias del Gobierno del Estado, mientras que alrededor de 2 mil 500 millones fueron detectados en municipios. También existen observaciones en entes autónomos y dependencias como la Fiscalía General del Estado.
Las irregularidades detectadas incluyen recursos no comprobados, inconsistencias en documentación y montos que deberán ser aclarados o reintegrados. La ASF establece plazos para solventar; de no hacerlo, podrían iniciarse procedimientos administrativos, sanciones económicas e incluso denuncias por posible daño al erario.
Aunque las observaciones no constituyen automáticamente un delito, la magnitud del monto coloca una fuerte responsabilidad política sobre la administración que ejerció esos recursos. La conducción financiera del estado recaía en el Ejecutivo y en los titulares de las dependencias responsables del gasto.
En el ámbito municipal, la responsabilidad administrativa directa recae en alcaldes, tesoreros y funcionarios que autorizaron y ejecutaron los recursos observados.
El escenario ahora dependerá de la capacidad de las autoridades auditadas para comprobar el destino correcto del dinero público. Si no logran solventar las observaciones, el caso podría escalar a instancias de control interno, tribunales administrativos o incluso a la Fiscalía Anticorrupción.
Lo que queda claro es que el cierre de gobiernos en Veracruz no pasó sin señalamientos. Y la narrativa de finanzas sanas enfrenta hoy una prueba contundente frente a los números oficiales de la fiscalización federal.
