Acusan desacato en Vega de Alatorre: Síndica mantiene denuncia por presunta violencia política
Vega de Alatorre, Ver. — A menos de 24 horas de que se anunciara un acuerdo político para restablecer la gobernabilidad en el Ayuntamiento, el conflicto entre el alcalde Felipe Mata Barradas y la síndica única María de los Ángeles Caballero Solórzano volvió a encenderse.
La edil denunció públicamente que continúan las acciones que, a su juicio, constituyen una violación a sus derechos político-electorales, pese a la intervención directa del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, quien el pasado 17 de febrero sostuvo una reunión con ambas partes para alcanzar acuerdos.
El acuerdo que no se cumplió
Según lo expuesto por la Síndica a través de un video difundido en redes sociales, uno de los compromisos pactados fue permitirle ejercer plenamente sus funciones, incluyendo la validación de su personal de confianza.
Caballero Solórzano aseguró que, aunque formalmente recibió el cargo y procedió incluso al cambio de chapas en las oficinas de la Sindicatura, el alcalde se negó nuevamente a firmar el documento que autoriza el alta de su equipo de trabajo.
“Volvemos a caer en el mismo lugar de donde iniciamos”, expresó en su mensaje, señalando que el acuerdo alcanzado con la mediación legislativa fue ignorado apenas un día después.
Denuncia ante instancias electorales
Ante lo que calificó como reiterados incumplimientos, la funcionaria confirmó que no retirará la denuncia interpuesta por presunta Violencia Política de Género ante el Tribunal Electoral de Veracruz y el Organismo Público Local Electoral (OPLE).
Sostuvo que la negativa a permitirle integrar a su personal representa no solo una limitación operativa, sino una transgresión directa a su investidura como síndica única del municipio.
Un conflicto que escala
El caso vuelve a colocar bajo los reflectores al Ayuntamiento de Vega de Alatorre, donde las diferencias internas han escalado a instancias legislativas y electorales.
Mientras el Congreso local intentó fungir como mediador para desactivar la confrontación, la persistencia del desacuerdo podría derivar en resoluciones judiciales que definan los alcances de autoridad entre el alcalde y la síndica.
Por ahora, el conflicto no solo exhibe fracturas políticas al interior del Cabildo, sino que también abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el respeto a los derechos político-electorales de las mujeres en funciones públicas en Veracruz.
Redacción Reportaje Veracruzano
